El procurador general, Iván Vicenti Rojas negó que la Procuraduría General de la República (PGR) haya emitido un dictamen sobre la contratación de una póliza para jerarcas, para que puedan hacer frente a denuncias o demandas en su contra.
Con esto, Vicenti se desmarca y contradice a las autoridades del Poder Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta defendió la contratación aduciendo que la Procuraduría dio luz verde para ello.
Según Vicenti, lo que se emitió por parte de la PGR en febrero del 2024 fue un “dictamen genérico” sobre la legalidad del Poder Ejecutivo para adquirir adquirir seguros.
Así lo explicó en un oficio remitido al diputado liberacionista, Francisco Nicolás, quien envió a su despacho cinco consultas el 30 de octubre anterior, a saber:
- Fecha en que la PGR emitió el pronunciamiento sobre la legalidad del seguro para los funcionarios públicos.
- Copia completa de dicho pronunciamiento.
- Los argumentos o fundamentos legales en los que se basó la Procuraduría para emitir es criterio favorable.
- Si existe algún análisis adicional o complementario relacionado con dicho pronunciamiento.
- ¿Se ha previsto alguna orientación o lineamiento oficial que detalle cómo se implementará el seguro en beneficio de los funcionarios públicos?
“La Procuraduría General no ha emitido un dictamen en los términos por Ud indicados.
“Lo que sí se emitió es un dictamen genérico sobre la legalidad del procedimiento para adquirir seguros que tiene el Poder Ejecutivo, atendiendo el análisis del concepto de ‘potestad discrecional’ que es propio del Derecho Administrativo costarricense”, respondió Vicenti Rojas, en el oficio PGR-OFI-279-2024, del 1° de noviembre pasado.
El 28 de octubre anterior, en conferencia de prensa Acosta aseguró que la contratación que se tramitaba a través del Sistema de Compras Públicas (SICOP), sostuvo que la decisión se tomó basado en un dictamen la PGR que dio el visto bueno a la posibilidad.
También estuvieron en la conferencia de prensa el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón.
El monto de la contratación es por ¢248 millones y según las autoridades, la defensa de los altos jerarcas ante una eventual demanda entra dentro de ese parámetro de funcionamiento del Estado.
Sobre el tema, el legislador Francisco Nicolás aseguró que lo externado por los representantes del Poder Ejecutivo “es parte de la escuela de la mentira”, a fin de confundir a la opinión pública.
“Lo que están haciendo es preconstituyendo pruebas para justificar esta barbaridad, de que con el dinero de los y las costarricenses se paguen ellos una póliza, para poder cubrir, a su vez todos los enredos y actos eventualmente ilegales y hasta punibles, en que caiga este gabinete.
“En ese sentido, el procurador aclara y dice que está a la espera de que se consulte específicamente el tema de este tipo de pólizas”, afirmó Nicolás.
El legislador añadió que la intención del Poder Ejecutivo es el de tener una póliza que, a su criterio “es ni más ni menos una patente para poder hacer todas las matonerías que se les ocurra y no tener que sacar dinero de su bolsa para poder responder con su propio dinero y con su propio pecunio como corresponde en ley y en Constitución Política”.
Consulta del 12 de enero del 2024
El 12 de enero anterior, la ministra de la Presidencia de entonces, Natalia Díaz, planteó una consulta sobre la escogencia de seguros por parte del Poder Ejecutivo.
En concreto, el planteamiento fue el siguiente:
“Dado que dentro del marco jurídico existente se da la posibilidad para que la Administración Pública pueda adquirir seguros, es de interés conocer si dentro del ejercicio de esa competencia puede considerarse que la misma se enmarca en lo que se conoce como competencia discrecional”, consultó Díaz.
A lo largo del dictamen no se hace referencia a la contratación de una póliza para la protección de los funcionarios públicos, sino que trata del tema de la apertura del mercado de seguros.
Pese a esa apertura, según evidenció la Procuraduría General, el INS fue declarado como la única empresa aseguradora del Estado y es la Administración Pública la que debe establecer sus necesidades de seguros.
“La labor de determinación de esas ‘necesidades’ debe entenderse como un proceso intrínseco a cada órgano del Estado, vinculado a la función de planificación y medición del riesgo respecto a las atribuciones y competencias que ejercen. De modo que, ese proceso de determinación será el que visualizará el tipo de seguro que se adapte a la satisfacción de las necesidades institucionales, según la oferta de pólizas que ofrezca el mercado”, señala el dictamen PGR C-014-2024.
En este sentido, el documento es claro al indicar que, pese a que existe un margen para el ejercicio de la potestad discrecional para que el Estado escoja el tipo de seguro que mejor responda a su necesidad institucional, la PGR determina que la decisión que se adopte debe ser acorde con los artículos 15,16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública.
