Los jueces del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, determinaron no aplicar suspensión del cargo a los funcionarios públicos investigados en el marco del denominado caso "Pista Oscura".
Se trata del presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo y el jefe de Fiscalización de la CNE, Henry Villalobos.
El Tribunal resolvió recién este lunes la situación jurídica de las personas detenidas la semana pasada por el Ministerio Público, en su afán de asegurar prueba considerada fundamental para el proceso.
Picado no quedó sujeto a ninguna medida cautelar, según informó el Ministerio Público en un comunicado, esta tarde.
El caso tiene que ver con presuntas irregularidades en la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, y en el decreto que permitió el uso del Fondo Nacional de Emergencias para ese fin.
La investigación también alcanza al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y aunque no fue detenido la semana pasada, el también extitular de esa cartera, Luis Amador.
También se rechazaron las otras medidas que el Ministerio Público había solicitado como el impedimento de salida del país y firmar cada mes en la Fiscalía.
Tanto a Batalla como a Castillo y Morales, se les prohibió comunicarse, influir, amenazar, intimidar y perturbar de manera directa, por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales, llamadas, mensajes, con los testigos en la causa.
Además, a Batalla se le prohíbe el ingreso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOP), la Dirección General de Aviación Civil, y la CNE.
Mientras tanto, a Castillo se le prohibió conocer cualquier asunto relacionado con el expediente sobre la pista del Daniel Oduber. Pero, tampoco podrá resolver ningún tema laboral que tenga que ver con los testigos en esta causa, y de hecho, no podrá ingresar a las oficinas centrales de la Dirección de Aviación Civil.
Finalmente, no podrá conocer nada relacionado con la Unidad de Infraestructura de esa dependencia, que es donde laboran los ingenieros de la unidad ejecutora.
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Respecto a Villalobos, se se dispuso que debe darse una reubicación del puesto como ingeniero fiscalizador dentro del CNE y se le deberá trasladar a alguna otra oficina a fin de su perfil profesional.
El Ministerio Público, no conforme con las medidas, presentó un recurso de apelación, el cual debe resolver el Tribunal Penal de Hacienda. Pero, no pretende prisión preventiva.
