Salvo en la bancada oficialista donde reprocharon a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), los diputados se mostraron esperanzados tras las primeras detenciones que se dieron este martes, en medio de una investigación en torno a posibles irregularidades en el proceso de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.
En sendos operativos la mañana de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla y al presidente de la Comisión de Nacional de Prevención de Desastres y Atención de Emergencias (CNE) Alejandro Picado.
También, al director de Aviación Civil, Marco Castillo, y otros funcionarios públicos, con la pretensión de iniciar procesos penales en su contra.
La primera en reaccionar fue la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, quien catálogo lo actuado como “otro show político, y un montaje del fiscal Carlos Díaz”.
Cisneros añadió que Díaz está tan envenenado y tiene tanto odio: “y el gran problema de eso, ¿sabe qué es? ¡Que el hígado no piensa, solo el cerebro piensa!". Desde su óptica, es otra causa absolutamente ridícula, porque, al final, la pista se reparó con un monto menor al costo inicial.
“Hubo un ahorro para el erario y no un gasto adicional. Nadie se echó un solo dólar a la bolsa y se evitó el cierre del aeropuerto de Liberia por donde llega el 40% del turismo nacional”, consideró Cisneros.
El diputado del Partido Nueva República, Yonder Salas, quien fue parte de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, agregó que desde ese órgano han estado trabajando el caso y muchas personas llegaron a comparecer.
Añadió que a partir de algunas de las declaraciones detectaron presuntas irregularidades, lo que, a la larga pueden generar algunas dudas.
Y en el caso del allanamiento, “me toma por sorpresa, la verdad y quedamos a la espera de que las autoridades y el Ministerio Público den más detalles. Desde la Asamblea Legislativa, seguimos trabajando en el tema también”, añadió Salas.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco expresó que cree importante que se investigue cualquier desviación de fondos públicos. “Yo creo que la Fiscalía y el OIJ están avanzando en este expediente, que tiene tanto tiempo ya de estar en la vía judicial”, sostuvo.
Por otra parte, es del criterio que las personas involucradas rindan su testimonio y a la Comisión de Infraestructura deben terminar de elaborar el informe final "y esperamos que salga lo antes posible".
El diputado de la fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega mencionó que desde marzo del año 2024 viene presentando distintas denuncias en torno a la destitución del exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, porque algo no calzaba.
Ortega recordó la forma en que se dio la ampliación de un decreto de emergencia, sin ningún nexo de causalidad, en la cual hasta se usaron fotografías falsas, todo de lo que, según él, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tenía conocimiento pleno.
La subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios señaló que, desde hace un tiempo, se ha venido a pedir cuentas porque se declaró emergencia por una tormenta que los expertos no ubican que la misma haya sido la que afectara la pista del aeropuerto.
Otro de los puntos que también puso sobre la mesa la diputada Larios, es el de las condiciones del contrato y las especificaciones técnicas que debía tener el asfalto, “porque si bien queremos un aeropuerto en óptimas condiciones, también que se haga apegado a la legalidad”.
Los hechos investigados se relacionan con una serie de irregularidades que según el órgano acusador, hay en el proceso. La emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista a la tormenta tropical Bonnie ocurrida en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir la pista del aeropuerto de Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
