La Contraloría General de la República (CGR) señaló al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) por los atrasos en la licitación para la nueva concesión del puerto de Caldera.
Esa entidad dejó establecido que tras cinco años de habérsele hecho la primera llamada de atención al INCOP sobre el futuro vencimiento del contrato con el actual concesionario, no se hizo nada sino hasta tres años después.
Y, no solo eso, después de cinco años, el Instituto sigue sin alcanzar a definir los términos correctos de la licitación que pretende llevar adelante.
El reporte de la CGR llegó este miércoles por la mañana, apenas unas horas antes de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves acusara a esa institución de atrasar la licitación, admitiendo todos los reclamos que las empresas concursantes han querido presentar.
De hecho, el órgano contralor explicó que, a la fecha, no hay gestiones sin resolver. El último trámite de objeciones fue atendido el pasado 5 de agosto, dentro de los plazos legales.
Chaves hizo lo mismo hace dos semanas con el hospital de Cartago, cuando quiso atribuir a la Contraloría el atraso en la obra, pese a que su administración, y él personalmente, se opusieron a la iniciativa durante tres años.
Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Pública afirmó que “este es un proyecto complejo cuya gestión y éxito es de entera responsabilidad del INCOP. No es cierto que la Contraloría tenga algún trámite pendiente de atender”,
La institución explicó que, en el marco de este proceso, las empresas oferentes han presentado múltiples reparos al pliego de condiciones elaborado por el INCOP, lo cual es parte normal del procedimiento y debe resolverse conforme a la normativa.
La CGR precisó que en tres rondas de objeciones se ha evidenciado la falta de consolidación de un pliego sólido por parte del INCOP. Entre las omisiones sobresale la ausencia de definiciones básicas como el suministro de energía para la nueva terminal portuaria, un elemento clave para la operación futura de la infraestructura.
Aguilar subrayó que la eficiencia en el trámite de licitación depende del INCOP y que contar con un pliego robusto es indispensable para garantizar la participación de oferentes y, en consecuencia, un servicio competitivo y de calidad para el país.
Una advertencia hecha desde 2020
La Contraloría recordó que desde julio de 2020 alertó al INCOP sobre la necesidad de preparar la licitación, debido al vencimiento de los actuales contratos de concesión en 2026. Sin embargo, fue hasta octubre de 2024 que la institución inició formalmente el proceso.
“Coincidimos con la urgencia de avanzar, pero es el INCOP el que debe asumir el liderazgo de este proyecto. No es válido desviar la atención con excusas o desinformación”, puntualizó Aguilar.
Riesgo para la competitividad
El proyecto de modernización de Puerto Caldera es clave para la economía nacional, al tratarse de la principal terminal del Pacífico, por donde se movilizan importaciones estratégicas como combustibles, granos básicos y bienes manufacturados.
La falta de avances compromete la capacidad de atención de la demanda futura y limita la competitividad logística del país en un contexto regional de fuerte competencia portuaria.
De no consolidarse a tiempo el nuevo contrato, Costa Rica podría enfrentar un escenario de incertidumbre operativa en 2026, año en que expira la concesión actual. Esta situación pondría en riesgo no solo la continuidad del servicio, sino también la atracción de inversión extranjera y la eficiencia en las cadenas de abastecimiento.
La Contraloría concluyó que los errores u omisiones en la preparación de la licitación solo retrasan la solución definitiva para el país.
