Alertan por deterioro en aprendizaje, infraestructura y derechos educativos
Según el análisis anual del Sistema Educativo 2025 elaborado por el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA). Costa Rica cierra el año con un deterioro significativo en aprendizaje, infraestructura y derechos educativos.
El estudio revela una caída en las pruebas PISA de 402 a 385 puntos en matemáticas, más de 880 órdenes sanitarias activas en centros educativos y 108.000 incapacidades de docentes al año, asociadas todas a estrés, ansiedad y burnout (Síndrome de desgaste profesional).
El informe atribuye la crisis a rezagos estructurales acumulados desde inicios del siglo XXI, a las interrupciones educativas entre 2018 y 2022 y a la ausencia de dirección política sostenida entre 2022 y 2025.
De acuerdo con el CIDE, la falta de continuidad provocó inestabilidad en evaluación, conectividad, infraestructura y en la ejecución de las políticas anunciadas.
El estudio resalta una desconexión entre las decisiones ministeriales y las acciones en el aula, por la falta de planificación, la eliminación de programas y el estrés de los docentes.
En el estudio se cita la acumulación de computadoras sin distribuir en los centros educativos como símbolo del debilitamiento en la estrategia de competencias digitales. Además, advierte un retroceso en derechos al eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y sustituirlo por el Programa de Educación para la Paz, sin sustento técnico ni pedagógico.
El CIDE sostiene que la educación sexual integral es un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Convención sobre los Derechos del Niño, y alerta que la nueva propuesta deja contenidos sujetos a interpretación en cada centro educativo, en perjuicio de adolescentes y poblaciones sexualmente diversas.
También cuestiona las nuevas regulaciones del MEP sobre apariencia, tatuajes y expresiones identitarias, que regirán en 2026. Señala que no existe evidencia que vincule estas normas con mejoras en el rendimiento académico y que desvían la atención de los problemas reales: rezagos en lectura, matemática, infraestructura deteriorada y falta de formación docente.
Otro punto es que la infraestructura está en un estado crítico y sin rutas para reconstruir el sistema, debido a las más de 880 órdenes sanitarias activas en diferentes lugares del país.
Para el CIDE, estas condiciones vulneran derechos básicos y limitan el aprendizaje. Recomienda una política integral de mantenimiento y renovación, acompañada de inversión en tecnología y conectividad.
El estudio también analiza el examen de idoneidad docente aplicado en 2025, en el que ocho de cada diez funcionarios aprobaron.
Aunque reconoce el valor del instrumento, advierte que una prueba estandarizada no puede ser el único criterio para seleccionar o evaluar al personal.
Finalmente, el CIDE propone rutas para reconstruir el sistema educativo: planificación sostenida, mejores condiciones laborales para docentes, infraestructura segura con recursos pedagógicos, restitución de programas basados en evidencia y un modelo integral de evaluación.
El centro insiste en que la educación pública debe recuperar un lugar prioritario en la agenda nacional.