Políticas de austeridad fiscal deben priorizar atención a población vulnerable

La Defensoría de los Habitantes volvió a evidenciar preocupación por la inversión social, sobre todo por el impacto en sectores de la población y áreas del Estado sensibles, como educación, salud o seguridad ciudadana.

Desde la institución consideran que el país enfrenta el desafío de conciliar sus políticas de austeridad con sus compromisos en materia de derechos humanos.

En esa línea, señalaron que es imperativo que estas políticas se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y prioricen la atención a poblaciones vulnerables, incluso en tiempos de limitación de recursos.

Uno de los puntos señalados por la Defensoría son los efectos de la aplicación de la Regla Fiscal en la asignación y ejecución del presupuesto.

“Esto ha restringido el acceso a servicios esenciales, especialmente para estudiantes y personas con discapacidad en situación de pobreza, limitando su acceso a la educación, vivienda, alimentación y atención médica”, indicó la Defensoría.

Según detalló el más reciente informe Estado de la Nación 2024, en los últimos 3 años la inversión social per cápita en programas sociales cayó un 22%.

Lo anterior producto de una política social que se inclina por un enfoque más asistencialista, y no en beneficios para generar oportunidades de desarrollo.

Sobre ello, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió que la actual Administración no ha dejado de hacer inversión social, sino que “la cobija no da para tanto”.

Programas sociales carecen de indicadores de impacto y efecto

Por otro lado, la institución apuntó que en el último análisis preliminar que realizaron a un grupo de programas sociales se evidenció una carencia de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad.

Además, esto tampoco permite determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.

“Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados”, indicó la Defensoría.

Añadió que, algunos programas con más de 20 años de implementación, nunca han realizado una evaluación de resultados.

Desde la institución subrayaron que es importante crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.