Marta Esquivel retiró a director jurídico de las sesiones de Junta Directiva
El director Jurídico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Gilberth Alfaro aseguró que la suspendida presidenta ejecutiva de esa entidad, Marta Esquivel le hizo ver que su presencia no era requerida en las sesiones.
Así, desde el año anterior, se rompió una etapa de 18 años en los que regularmente asistió a las sesiones de ese órgano.
El funcionario se refirió a la situación cuando compareció este martes ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presupuestas irregularidades en la CCSS.
La legisladora de Frente Amplio Rocío Alfaro le consultó sobre la suspensión del portafolio de inversiones. Indicó que fue casualmente en el momento que él había sido separado de las sesiones de Junta Directiva, cuando se tomó esa decisión.
Por otra parte, según el director jurídico, las constantes suspensiones de las sesiones de junta pusieron en el tapete la figura cuestionada de “funcionario de hecho” que no había sido implementada por la Junta.
Se trata de un mecanismo mediante el cual se trae a un funcionario de la institución a ejercer como director, a fin de que se pueda sesionar ante la ausencia de directivos titulares y la imposibilidad de completar el quórum.
Explicó que no se le pidió criterio sobre la implementación de esa figura antes de comenzar a recurrir a ella.
Pero, reconoció que la Procuraduría General de la República estableció que los órganos colegiados pueden sesionar a falta de uno o más miembros si se suplen con la figura “funcionario de hecho”
Además, la Ley General de Administración Publica en su artículo 11 lo define como “el que hace lo que el servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aún fuera de situaciones de urgencia”.
De hecho, un sábado en julio pasado, la Junta sesionó sin contar con quórum estructural y fue precisamente cuando se adjudicó la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas y una asociación de médicos.
Esa decisión dio origen a una investigación denominada “caso Barrenador”, por parte de la Fiscalía General de la República. Y, al mismo tiempo, la investigación legislativa.
Gilberth Alfaro sostuvo que previo a la adjudicación de los EBAIS a las cooperativas, su Dirección no emitió criterio de fondo sobre el tema.
En otra línea, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez consulto sobre el estado del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Cartago. El funcionario respondió que las autoridades de la CCSS deben valorar si se readjudicará a otra empresa y, también, el establecimiento de un procedimiento para determinar responsabilidades a la empresa a la que se le adjudicó inicialmente la obra.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLN) manifestó su preocupación ante la derogatoria del reglamento de terciarización, pues considera una buena práctica de gobierno corporativo tener guías para adjudicar contratos a terceros que administren servicios de salud.
Respecto a la deuda que mantiene el Estado con la CCSS Alfaro indicó que desconoce si se han hecho gestiones de cobros, pues no es un tema de resorte de su Dirección.