Diputados eliminan 20 impuestos obsoletos y caros
La Asamblea Legislativa ratificó la eliminación de 20 impuestos que los diputados consideran que ya no tienen sentido, sea porque ni siquiera aplican, o porque se invierte más en cobrarlos que lo que se recauda por ellos.
Desde la óptica de los expertos ya no responden a la realidad de Costa Rica y, más bien, hacen más complejo el sistema tributario.
El diputado Eliecer Feinzaig, de la Fracción del Partido Liberal Progresista y proponente de la reforma, dijo que es un beneficio para el país al estar enfocado en la eliminación de impuestos que representan más un gasto.
Según el legislador, hay que destacar un informe de la Contraloría General de la República sobre el sistema de recaudación tributaria costarricense, que data de 2022, donde se establece que “en materia de diseño, el sistema tributario costarricense es complejo”.
Ese informe señala, además, que el sistema se caracteriza por un gran número de tributos, que recaen sobre 38 tipos de objetos gravados, y con algunos tributos de muy bajo nivel de recaudación, con posibilidad de casos en los cuales el costo de recaudarlos podría superar al producto del tributo. Por ello, Feinzaig insiste en que eso que hace de esta ley un importante avance en la modernización fiscal del país.
El proyecto conocido como Ley SIMPLE I, (Simplificación de Impuestos para Levantar la Eficiencia) deroga 20 impuestos obsoletos que complicaban el sistema tributario sin aportar valor significativo, en criterio del legislador.
Para Feinzaig se eliminaron impuestos relacionados con la producción y el destace de ganado, que solo encarecen el costo de la carne y la industria alimentaria, “además de varios timbres de esos que sólo molestan, cuestan mucho dinero en su administración y recaudan nada o casi nada”.
Añadió que la nueva ley reduce la carga burocrática al eliminar impuestos que ya no son funcionales o cuya recaudación es mínima, respondiendo a la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos.
El legislador concluyó que también se promueve un marco legal más claro y coherente, contribuyendo a mejorar la competitividad del país, lo que incentivará la inversión, el desarrollo de negocios y la generación de empleo.