Violencia homicida se concentra en 27 distritos
La violencia homicida es la característica más importante que tiene la crisis de inseguridad que golpea al país. Y pese a que los hechos de violencia están dispersados por todo el territorio nacional, aquella se concentra en 27 distritos.
Así lo evidencia el informe del Programa Estado de la Nación 2024, en un capítulo especial denominado “Seguridad Ciudadana y Violencia Homicida”. El estudio fue dado a conocer este jueves.
La investigadora Evelyn Villarreal aseveró que se ha dado un incremento importante en la tasa de homicidios, que además cambia sus patrones territoriales y el móvil.
“Este aumento en la tasa de homicidio nos ha colocado, como país, en el nada honroso tercer lugar en Centroamérica sólo por debajo de Belice y de Honduras”, explicó Villarreal.
El aumento de la violencia homicida en Costa Rica es achacable, mayoritariamente, a la expansión del crimen organizado, con el narcotráfico como principal causa, aunque no la única, según el Informe Estado de la Nación.
En el 2023, más del 70% de los homicidios registrados en el país tuvieron como móvil el ajuste de cuentas o venganza.
Villarreal aseveró que el aumento en los homicidios entre el 2022 y el 2023, fue de los más importantes en el país pues incrementó cerca de un 40% al pasar de 656 a 906, “con un patrón bastante definido de víctimas que son hombres y hombres jóvenes, entre 15 y 29 años”, añadió.
Sumó que la violencia homicida está concentrada en ciertas partes del país, entre las que destacó las zonas costeras y San José.
“La violencia del crimen organizado se ha expandido en el país. Sin embargo, el aumento de la violencia homicida se concentra en 27 distritos (de los 478). El año pasado, el 49% de todos los homicidios registrados en el país correspondieron a esos 27 distritos. En cada uno hubo más de diez víctimas”, puntualizó la investigadora.
Entre estos distritos destacan:
- Limón, con 79.
- Pavas, con 24.
- Barranca, con 24.
- Batán, con 22
- Chacarita, con 20.
Pero, al mismo tiempo, el año pasado, 265 distritos no reportaron ningún asesinato.
Según se indica en la investigación, cantones como Limón y San José, que presentan de manera crónica esta problemática, siguen siendo zonas críticas, con más de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes; sin embargo, desaceleraron su crecimiento.
Mientras que otros, como Parrita y Santa Cruz, han experimentado un importante aumento en las tasas de homicidios en años recientes.
“Parrita, por ejemplo, pasó de tener 5 homicidios por cada 100 mil habitantes a 84 entre el 2017 y el 2023, y Santa Cruz de 2,8 a 33 (…) este cambio refleja la expansión territorial de las bandas criminales, que ajustan sus dinámicas de control en respuesta a las políticas de seguridad pública y la movilidad del mercado delictivo”, agrega el informe.
Zonas calientes
Uno de los hallazgos relevantes del Informe es la tendencia a la concentración de cantones con tasas de homicidios similares en áreas geográficas cercanas. Es decir, los cantones con altas tasas de violencia suelen ser vecinos de cantones que también presentan altas tasas.
De acuerdo con el documento, lo mismo ocurre con cantones que presentan bajas tasas de violencia.
A manera de ejemplo, cantones como San José, Desamparados, Goicoechea y Curridabat antes de la pandemia presentaban una alta incidencia de homicidios en la modalidad de ajustes de cuentas por venganza, pero no en la cantidad total de homicidios.
Luego de la pandemia, se ha dado más coincidencia en las aglomeraciones de fuertes tasas de violencia homicida totales y de ajustes de cuentas.
“Estos datos sugieren que actualmente hay una mayor coincidencia entre el aumento del crimen organizado en el país y la concentración geográfica de cantones con altas tasas de violencia homicida y por ajuste de cuentas”, recalcó la investigadora.
Para Morales, saber dónde están las “zonas calientes” es crucial para priorizar intervenciones urgentes mediante la política social pública, junto con las acciones represivas en el ámbito policial y judicial que también son necesarias a corto plazo para contener un mayor deterioro en las zonas con mayores problemas de violencia.
“La inversión social pública en zonas que presentan bajos indicadores de desarrollo social y humano es clave para generar capacidades que previenen la pobreza y reducen la desigualdad. En el largo plazo, esta inversión también reduce el riesgo de violencia e inseguridad ciudadana”, concluyó Morales.