El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José mediante resolución N° 457-2024, declaró sin lugar los recursos de apelación presentados por los representantes legales de los imputados en el caso Barrenador. Así, las inhabilitaciones quedaron en firme hasta abril del 2025.
Los imputados y separados temporalmente de sus cargos son:
- Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
- María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general de la CCSS.
- María Isabel Camareno, representante del Estado en la Junta Directiva de la CCSS.
- Johnny Gómez, representante patronal en la Junta Directiva de la CCSS.
- Zeirith Rojas, representante patronal en la Junta Directiva de la CCSS.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga si hubo actos irregulares en la adjudicación de los contratos de administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), en la que participaron cuatro cooperativas de salud y una asociación de médicos de una clínica privada.
El Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial informó que “dicho tribunal notificó a las partes y remitirá el expediente ante el órgano de instancia, para que se continúe con el trámite de la causa, conforme corresponda”.
En setiembre anterior, la Fiscalía junto con el organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las viviendas de los imputados, así como las oficinas centrales de la CCSS para recabar información en torno al caso. Se sospecha que la decisión se adoptó con base en un informe elaborado a la medida para que la licitación se adjudicara a las citadas empresas.
Fue en la sesión del 6 de julio anterior, cuando seis miembros de la Junta Directiva de la CCSS votaron a favor de la adjudicación de los 138 EBAIS, en el Área Metropolitana, y que atienden a 585.000 personas.
Los directores de la CCSS acordaron hacer la adjudicación, pese a que la Dirección Contable y el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así como las gerencias Financiera, de Logística y Médica recomendaron declarar infructuosa la licitación, debido a que consideraron excesivos los precios.
Según pudo determinar la Fiscalía General, el exceso rondaba los ¢12.400 millones anuales, que se traducen en ¢124.000 millones por los 10 años de la contratación.
Se denunció la injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años en curso.
Para la investigación de este caso, también la Contraloría General de la República (CGR) presentó observaciones e hizo informes sobre el tema.
