Tanto el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) como la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) se mostraron satisfechas por las acciones emprendidas este lunes, por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en relación con la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas de salud y una asociación de médicos.
Ambas organizaciones sindicales presentaron denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría General de la República (CGR) y a la Presidencia de la República señalando supuestos actos irregulares, como el sobreprecio en los servicios que se pretende contratar y tráfico de influencias.
El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría sostuvo que desde abril anterior, esa organización presentó una denuncia ante la CGR, a la Auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a los diputados para que se investigaran lo que calificó como “hechos sumamente graves”.
Indicó que los hechos se han dado a diferentes niveles, desde la Presidencia Ejecutiva, hasta algunos miembros de la Junta Directiva, e incluso mencionó al presidente de la República, Rodrigo Chaves quien, en su criterio, se involucró en la autonomía de la CCSS.
“En estas denuncias que hemos hecho últimamente, el Presidente de la República más bien nos vino a atacar. La CCSS es un patrimonio que se ha construido a raíz del aporte de todos los costarricenses. “No es ninguna piñata. Ningún presidente ni ningún gobierno tiene que ver a esta institución como una forma de venir a favorecer los grandes intereses económicos y, con ello, a firmar contratos escandalosos como lo que fue con estas cooperativas”, afirmó Chavarría.
Indicó que la CCSS gastará ¢4.000 millones al mes a raíz de los contratos con las cooperativas de salud.
Por su parte, el secretario general del SINAE, Lenín Hernández indicó que el presunto acto de corrupción que se investiga es mayor que el conocido como “Escándalo de corrupción CCSS-Fischel”, que significó una erogación sin justificación de ¢5.000 millones.
“No hay punto de comparación en estos ¢5.000 millones a estos ¢200.000 millones que pagará la CCSS en sobreprecios que bien se pueden invertir en infraestructura, en equipamiento, , tecnología, reducir las listas de espera que se nos están convirtiendo en listas de muerte, porque no se vale que, mientras miles de costarricenses están sufriendo por problemas de salud, algunos vivillos se estén aprovechando de esta situación con actos de corrupción”, apuntó Hernández.
Añadió que la denuncia presentada por esa agrupación el 5 de agosto anterior cuenta con el rigor técnico, legal y el elenco probatorio para que el Ministerio Público realice las pesquisas de este lunes.
Ambas organizaciones sindicales solicitaron al Ministerio Público llegar hasta las últimas consecuencias en este proceso judicial ante la gravedad de los hechos denunciados.
