CCSS prorroga seis meses más medidas excepcionales por falta de especialistas
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prorrogó por seis meses adicionales la declaratoria de emergencia institucional, extendiendo la medida hasta el 4 de agosto de 2026. El objetivo primordial es frenar el impacto de la renuncia masiva de médicos especialistas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
La decisión se fundamenta en un análisis técnico que confirma la persistencia de las causas que originaron la crisis en diciembre de 2024: el déficit de personal especializado debido a las condiciones del salario global y la necesidad de contener las listas de espera.
Acceso a la salud como prioridad
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, subrayó que esta ampliación es un acto de responsabilidad para asegurar la atención oportuna. “Las estrategias han sido efectivas para contener el impacto de las renuncias, especialmente en hospitales de alta complejidad”, afirmó la jerarca.
Por su parte, el gerente médico, Alexander Sánchez, destacó que la institución logró mantener servicios esenciales a pesar del faltante de recurso humano, mediante un abordaje integral que prioriza al usuario por encima de las cifras.
Estrategias de choque y plan de transición
Durante este periodo de emergencia, la CCSS implementó medidas paliativas críticas, tales como:
- Reforzamiento operativo: Incremento de guardias, disponibilidades médicas y ampliación de horarios en áreas de salud.
- Gestión hospitalaria: Fortalecimiento en la asignación de camas y atención de urgencias diferidas en Ortopedia, Hemodinamia e Imágenes Médicas.
- Innovación en atención: Uso de teleconsulta, teleorientación y la activación del Centro de Traslados Institucional (CTI).
Hacia una solución financiera sostenible
Según los jerarcas, la prórroga no solo busca "apagar el fuego", sino consolidar un Plan de Transición e Integración Operativa. Para ello, la Junta Directiva instruyó a las gerencias Financiera y Médica evaluar la viabilidad de un fondo de atención oportuna.
Este fondo permitiría implementar modalidades excepcionales de pago y un modelo de pago por resultados para áreas críticas como trauma y estudios radiológicos urgentes. El informe técnico sobre esta propuesta deberá presentarse en un plazo máximo de dos meses para definir la hoja de ruta definitiva tras el cese de la emergencia.