La Sala Constitucional no avaló ninguna de las argumentaciones de fondo que planteó en un recurso de hábeas corpus la suspendida presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel.
De acuerdo con la información de la Sala Constitucional, Esquivel “alegó abuso por parte del Ministerio Público al ordenar, bajo su dirección funcional, su detención con base en el artículo 237 del Código Procesal Penal, ya que se irrespetaron los presupuestos establecidos en esa norma”.
Pero, la funcionaria suspendida también, “reclamó el tipo de vehículo utilizado por el OIJ para transportarla a las celdas del II Circuito Judicial de San José, así como las condiciones en que se dio ese viaje”.
El tema de las condiciones del traslado fue el único en el que los magistrados le dieron la razón a Esquivel, en tanto no tenía comunicación con el personal de cárceles a cargo del viaje. Por ello, no se atendieron correctamente sus necesidades fisiológicas, en criterio de la Sala.
En la gestión, Esquivel cuestionó que el Ministerio Público incurrió en diversas irregularidades al momento de tramitar el caso y faltó a su deber de objetividad. Al mismo tiempo, consideró inaceptable que el director del OIJ, Randall Zúñiga; el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y los fiscales a cargo del caso dieran declaraciones a los medios de comunicación, desde su punto de vista, calificando los supuestos delitos en investigación.
Finalmente, estimó que los allanamientos ordenados en este caso debían anularse.
“En cuanto a los agravios respecto de la detención, las condiciones de su estadía en la Delegación Regional de Pérez Zeledón del OIJ, el uso del vehículo para el traslado de personas detenidas, las actuaciones del Ministerio Público en la causa penal, los alegatos relativos a las personas denunciadas, las declaraciones de las autoridades en los medios de comunicación, la denegatoria de la devolución de los pasaportes, la solicitud de nulidad de los allanamientos y los demás extremos conexos, se declara sin lugar el recurso”, dice el Por Tanto de la Sala.
Esquivel fue detenida el pasado 23 de setiembre, en medio de una serie de allanamientos en relación con el denominado “Caso Barrenador”. Este tiene que ver con la adjudicación de la administración de 138 Equipos Básicos de Atención integral en Salud (EBAIS) a cuatro cooperativas y una asociación de médicos.
Alrededor de esa decisión de la Junta Directiva de la CCSS se han generado muchos cuestionamientos, comenzando por un supuesto sobreprecio, que podría generarle a la institución pérdidas multimillonarias.
De hecho, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), señaló que “lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12,400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”.
Tras conocerse el Por Tanto de la Sala, ahora quedará por ver si el presidente de la República, Rodrigo Chaves designará a otra persona en la presidencia ejecutiva de la Caja, algo que se negó a hacer hasta ahora alegando que esperaría la decisión de los magistrados en torno al recurso de habeas corpus.
Cabe recordar que el Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la suspensión de Esquivel, otros tres directivos y de la gerente general de la institución, por seis meses.
