Una reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y al Código Penal para fortalecer el control del alcohol en carretera fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con la presencia de 40 diputados.
La nueva legislación también incorpora de forma expresa la prohibición para conducir vehículos bajo los efectos de drogas ilícitas.
El proyecto fue impulsado por el diputado Horacio Alvarado Bogantes bajo el argumento de reducir riesgos viales y proteger la vida humana. Alegó que responde a vacíos normativos vigentes.
La reforma actualiza conceptos legales y mejora la aplicación del régimen sancionatorio, dado que en la actualidad hay muchos vacíos.
Uno de los cambios centrales es la incorporación de pruebas técnicas para detectar drogas ilícitas. El procedimiento se realizará mediante muestras de saliva. Se aplicará cuando el alcohosensor arroje resultado negativo y existan signos externos objetivos de consumo de drogas o conductas incompatibles con el nivel de alcohol registrado.
El procedimiento para alcohol mantiene un esquema garantista. La primera prueba será siempre de aire espirado. La persona conductora podrá verificar el certificado de calibración del equipo.
Con esta modificación en la ley se garantiza el derecho a una segunda prueba con otro dispositivo. La normativa busca certeza técnica y seguridad jurídica ante las infracciones sin sanciones.
La reforma sustituye la frase “bajo la influencia de bebidas alcohólicas” por “presencia de la sustancia al momento del hecho”. Este ajuste elimina interpretaciones subjetivas. La ley permite una ventana de tiempo razonable para determinar el nivel de alcohol en sangre o en aliento conforme con los fines legales.
Pese a los cambios, se mantiene la multa de categoría A. El monto actual asciende a ₡362.838,14 La sanción aplica para quienes superen los límites legales de alcohol, pero incorpora la prohibición expresa de conducir bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos.
Adicionalmente, la ley eleva los estándares de seguridad en los procesos de aprendizaje, ya que quienes estén en esa etapa no podrán manejar con presencia de alcohol ni de drogas ilícitas, prohibición que se extiende a acompañantes e instructores. La medida refuerza la prevención en etapas formativas.
La nueva ley busca fortalecer la capacidad operativa del Estado. La Policía de Tránsito contará con herramientas más claras para actuar en carretera.
Alvarado afirmó que la iniciativa no criminaliza el consumo. El enfoque se centra en la conducción vehicular bajo los efectos de sustancias ilegales. Señaló que la reforma subsana un vacío legal que representaba un riesgo directo para la seguridad vial.
La reforma entrará en vigor 12 meses después tras su publicación oficial y la emisión del reglamento correspondiente.
