Exclusión del Poder Judicial de la Regla Fiscal casi enreda a magistrados

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estuvieron a punto de enredarse en sus mecates cuando discutieron este lunes si un proyecto de ley que se analiza en la Asamblea Legislativa para excluir al Poder Judicial de la Regla Fiscal, afecta a esa dependencia.

Al final, determinaron responder al Congreso que el proyecto de ley no incide en la operatividad ni la funcionalidad de ese Poder de la República

Ese acuerdo fue alcanzado en una reñida segunda ronda de votaciones, luego de que la mayoría de los magistrados votaran por no acoger el informe de la Dirección Jurídica sobre el proyecto, en el que se establecía que tendría una “incidencia positiva” en el Poder Judicial.

El problema es que si se acogía el informe en esos términos, en realidad se le estaría diciendo a la Asamblea que el proyecto genera una afectación al Poder Judicial, más allá de que esta sería positiva y no negativa.

Antes de la segunda votación, el magistrado de la Sala Primera, Carlos Zamora, llamó la atención de los presentes en el sentido de que el artículo 167 de la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa necesita saber si los proyectos enviados a consulta afectan o no la funcionalidad del Poder Judicial.

Detalló que la respuesta debe ser dada por la Corte Plena y que, cuando existe afectación, los diputados podrán apartarse del criterio de la Corte Plena con dos terceras partes de los votos.

“Si decimos que no afecta, el deber de consulta termina ahí.  Pero en este caso en específico, lo que estamos diciendo es que sí afecta, aunque sea positivamente, lo que obliga a la Asamblea a contar con 38 votos para ese tema.

“Lo que le estamos diciendo a la Asamblea es que, por favor, resuelva si el Poder Judicial se sale o no de la Regla Fiscal. ¿Queremos dejar esa duda en la Asamblea sobre si consideramos de que afecta y obligarlos a tomar 38 votos? En mi opinión, sí considero que no afecta. La Asamblea solo requeriría 29 votos”, recalcó Zamora, quien solicitó a los magistrados reconsiderar el voto.

Previo a la primera ronda de votación, la magistrada de la Sala de Casación, Patricia Vargas había sostenido que en “infinidad de ocasiones” se han realizado aportes a un proyecto de ley y la Asamblea valora si los acepta o no, en los aspectos que correspondan, al margen de si la iniciativa incide o no, por lo que no se deben hacer interpretaciones que no se han efectuado antes.

Esto tomando en consideración que la iniciativa de ley no afecta la operativa ni la funcionalidad del Poder Judicial. “No veo por qué en este caso tiene que haber una excepción”, apuntó Vargas.

La primera votación quedó empatada. Ocho magistrados se plantearon acoger el informe de la Dirección Jurídica y ocho optaron por que solo se le respondiera a la Asamblea Legislativa que la iniciativa no tiene incidencia en lo funcional ni en lo operativo del Poder Judicial.

No avalado

El director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos expuso informes técnicos rendidos por el Departamento Financiero Contable, la Dirección General de Gestión Humana y el Departamento de Planeación, que coincidieron en que el proyecto de ley tendría una “incidencia positiva” pues elimina una serie de restricciones en materia presupuestaria para el tercer Poder de la República.

Explicó que, desde el punto de vista financiero contable, se facilitaría la emisión de documentos presupuestarios para la prestación de servicios y que en la actualidad están limitados.

Por su parte, la Dirección General de Gestión Humana abonó que la propuesta permitiría ejecutar programas que facilitan el acceso a la justicia y que habría una flexibilización presupuestaria en la gestión del recurso humano, capacitación y promoción del personal con miras a la atracción de recurso humano.

“El proyecto incide favorablemente en el funcionamiento del Poder Judicial y que la definición del tipo de mayoría es, por independencia de poderes, competencia propia del Poder Legislativo”, afirmó Campos, quien reseñó que serán los diputados los que determinen si se requiere de mayoría calificada o no.

No es cuestión mecánica

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre defendió que la Constitución Política establece que los proyectos que se refieran y no que incidan a la organización y funcionamiento del Poder Judicial deberán ser consultados a ese Poder, y si el criterio fuera negativo, sólo podrán ser aprobados con una votación calificada de 38 votos.

“Ha habido aquí, en algunos momentos, la idea de que incide o no incide, pero yo creo que, por lo menos la filosofía de la Constitución es que se nos consulte, y si se nos consulta nosotros tenemos que dar una opinión sobre el proyecto.

“Creo que no es una cuestión mecánica. Ha habido cambios con el correr de los tiempos y en algunos momentos se ha dicho que sólo debemos decir si sí incide o no incide. Creo que cuando contestamos de esa manera no estamos cumpliendo con la idea que está en la Constitución Política”, mencionó Aguirre.

Aguirre considera que más allá de decir que no incide de manera negativa, no les genera un veto para decir que no se oponen al proyecto porque es favorable

La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón externó que está a favor de lo indicado por la Dirección Jurídica, pues durante años, se le ha imposibilitado al Poder Judicial gastar más allá a raíz de las restricciones establecidas en la regla fiscal.

Adujo que, a raíz del aumento de la criminalidad en el país se han aprobado una serie de leyes necesarias, pero eso tiene un costo para su ejecución, por lo que aplaudió que se tramite un proyecto que busca sacar al Poder Judicial de las restricciones presupuestarias.