Procuraduría pretende indemnización de ¢57 millones por caso Bancrédito
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) interpuso una Acción Civil Resarcitoria en la que exige una indemnización por ¢57 millones, por el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), por concepto de daño social al Estado.
Son cinco los implicados en el caso que fue elevado a juicio por petición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). A saber:
- Luis Guillermo Solís: expresidente de la República (2014-2018).
- Helio Fallas: exprimer vicepresidente y exministro de Hacienda.
- Marta Cubillo: exviceministra de Egresos y ex tesorera nacional.
- Sergio Alfaro: exministro de la Presidencia.
- Mauricio Arroyo: subtesorero nacional.
De los cinco imputados en este caso, la PEP contabilizó en ¢15 millones, el daño social ocasionado por el expresidente Solís por el supuesto delito de influencia a la Hacienda Pública.
“Esta cantidad busca reparar el impacto causado por las decisiones cuestionadas, resaltando la importancia de proteger los bienes y recursos públicos. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José programará el juicio tras completar las gestiones procesales necesarias”, informó la PEP ante consulta de www.despertar.cr.
A criterio de la FAPTA, Solís había influenciado para el traslado de dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito sin el respectivo sustento técnico y con una posibilidad de retorno baja con el objetivo “de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
El Ministerio Público añadió, además que, Solís con la “maniobra”, realizada, evitó que Bancrédito fuera intervenido “debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba”, con lo que evitó que la imagen de su gobierno resultara afectada por el cierre.
Bancrédito quebró en el 2017 en la administración de Solís, tras sumar años de pérdidas y malos resultados.
Por su parte, Solís ha rechazado las acusaciones en su contra y defendió que bajo su administración se actuó a derecho.