Poblaciones vulnerables afectadas por mala gestión de CEN-CINAI

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que existe una mala gestión de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) que afecta a miles de beneficiados a nivel nacional.

Pese a que la entidad fiscalizadora del Estado determinó que la planificación de los servicios que presta la Dirección Nacional del CEN-CINAI cumple parcialmente con el marco jurídico y técnico aplicable en los aspectos significativos, detectó aspectos que afectan su labor.

La Dirección Nacional del CEN-CINAI es un órgano adscrito al Ministerio de Salud y cuenta con una desconcentración mínima. Según informó la CGR, tiene entre sus funciones:

• Mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil.
• Promover el adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza o riesgo social.
• Brindar atención diaria de calidad a la población menor de 13 años que viven en condiciones de pobreza y riesgo social.
• Proporcionar servicios de atención a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como a sus familias, para facilitar la participación de las personas responsables del cuido, en el sistema educativo y en el mercado laboral. 

Entre los problemas de gestión identificados por la CGR se encuentran:

• La población atendida en los servicios de atención, protección infantil y nutrición preventiva, mediante comidas servidas en el sitio, disminuyó un 37,3% en el período 2021-2023, lo que representa 19.986 personas menos en 78 cantones del país y se estima una subutilización del servicio cercana al 26%.
• Las estadísticas reflejan que la Dirección atiende a menos población que previo a la pandemia por Covid-19.
• La población atendida fuera de los establecimientos (estrategia extramuros que abarca la entrega de leche y diarios a familias), se ha mantenido estable en poco más de 125.500 personas en 2021-2023, aunque disminuyó en 34 cantones, y las cifras reportadas por la Dirección muestran una reducción de la capacidad de atención del 6,4%.
• No es posible determinar a nivel local, si la cobertura se gestiona de acuerdo con la demanda real del servicio y según tendencias demográficas de cada comunidad.
• La dirección no cuenta con un instrumento de planificación operativa y tampoco existen criterios para planificar la cobertura de los servicios en el corto y mediano plazo.
• Se pretende ampliar la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2030 sin análisis técnico, ni evaluación de los resultados al cierre del periodo original, realidad del entorno, ni un detalle de la programación correspondiente a 2024 en adelante. 

Según remarca la CGR, las situaciones presentadas obedecen a que la Administración dejó de lado el direccionamiento estratégico de los servicios que presta, al concentrar sus esfuerzos en la atención de requerimientos propios de la operación diaria sin que exista un fundamento en una proyección de las necesidades de la población objetivo, según criterios demográficos, de vulnerabilidad, geográficos o financieros.

“Además, la falta de un instrumento detallado que complemente la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) y especifique acciones, metas e indicadores por unidad, dificulta el seguimiento a la gestión de la organización como un todo y la coordinación entre los niveles de gestión de la Dirección”, llamó la atención la CGR.

Agregó que la Dirección ha realizado acciones para adaptar su modelo de contratación pública a los requerimientos de la nueva ley; sin embargo, no se han valorado los riesgos inherentes de forma que permita asegurar la continuidad de los servicios que brinda la Dirección Nacional a la población.