Pese a que son 15 las instituciones que deberían trabajar juntas en el proceso de planificación del sistema educativo costarricense, lo cierto del caso es que actúan por separado sin contar con objetivos, metas, riesgos y determinación del valor público.
Esta situación incide en la calidad del servicio educativo que se brinda en el país, según concluyó en una auditoría la Contraloría General de la República (CGR).
Según detalló la entidad fiscalizadora del Estado, no se integran las capacidades institucionales respecto a recursos compartidos, distribución de tareas o acuerdos formales, y hay una ausencia de grupos de trabajo interinstitucionales, sistemas de información compartidos o herramientas colaborativas de trabajo, que permitan optimizar el uso de los recursos destinados al proceso de planificación.
En este sentido, se determinó que el sistema educativo costarricense no desarrolla un proceso de planificación integral que promueva la participación y coordinación entre las instituciones que lo conforman hacia una visión compartida de largo plazo.
“La carencia de un enfoque integral que contemple dichas características resulta en una planificación fragmentada por institución que no permite generar sinergias entre los actores, contar con objetivos y metas compartidas que permitan un uso óptimo de los diferentes recursos y podrían finalmente incidir en la calidad del servicio brindado.
“Además, se podría incrementar la brecha entre las necesidades actuales y futuras de la población estudiantil con las demandas reales del entorno y el servicio brindado”, reseñó la CGR en el informe.
Agregó que, la planificación integral del sistema educativo implica un proceso colectivo en el cual las instituciones que brindan los diferentes servicios de educación trabajan para alcanzar objetivos en común que permitan generar efectos e impactos positivos en el servicio brindado, mediante un uso eficiente de recursos y desde la perspectiva de la persona usuaria como el centro de atención, de modo que se brinde mayor importancia a la forma en que estos se organizan, interactúan y logran alcanzar un resultado conjunto, que de manera individualizada.
De acuerdo con la valoración de la CGR, el sistema educativo está integrado por las siguientes instituciones:
El sistema se subdivide en ciclos que van desde la educación preescolar hasta la parauniversitaria, los cuales están bajo la rectoría de la Ministra de Educación Pública y la dirección y coordinación, del Consejo Superior de Educación (CSE), mientras que la educación superior universitaria estatal está bajo la coordinación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
La CGR detalló que el CSE es el encargado de la dirección general de enseñanza oficial, según lo establecen la Constitución Política y la Ley Fundamental de Educación y debe participar activamente en el establecimiento y aprobación de planes de desarrollo de la educación nacional.
Por su parte, CONARE es el encargado de coordinar la planificación y desarrollo del Sistema de Educación Superior Estatal, que debe establecer mecanismos de coordinación adicionales a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la educación superior universitaria estatal.
En el caso específico de la OPES, su tarea es impulsar acciones sistémicas, coordinadas entre las universidades y fortalecer tanto la planificación como la coordinación del sistema educativo, además de fomentar la investigación y el análisis de temáticas vinculadas a la educación superior que integren y direccionen esfuerzos conjuntos de las instituciones que lo conforman.
En la auditoría se evidenciaron acciones bilaterales entre instituciones sobre temáticas específicas, esfuerzos institucionales en materia de prospectiva, así como la aplicación de procesos sistémicos en el subsistema de educación superior estatal, los cuales no solo reflejan la relevancia del tema sino prácticas aplicables a considerar en el proceso de planificación integral.
“… los resultados evidencian la ausencia de un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo que genere insumos como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como, la participación ciudadana en la planificación integral en la formulación, desarrollo y toma de decisiones del proceso, que promueva el intercambio de ideas y den lugar a una visión integrada de los problemas y necesidades educativas”, añadió la Contraloría.
La CGR dispuso a la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller que elabore una política del sistema educativo para los ciclos bajo su rectoría que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo de las instituciones correspondientes, formulado de manera participativa considerando a los tomadores de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.
Dicha política deberá contemplar al menos el estado de la situación, definición de enfoques y principios, lineamientos, objetivos, metas, indicadores, seguimiento y evaluación, así como la gestión de riesgos para alcanzar la planificación integral de los servicios educativos.
Deberá ser remitida al CSE para su análisis y aprobación.
Por su parte, al CONARE se le solicitó coordinar con las universidades estatales espacios de análisis, dentro de la formulación de su planificación estratégica institucional para discutir la posibilidad de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo para la Educación Superior Universitaria Estatal 2026-2030 el enfoque prospectivo (a futuro).
