Luego de un año que la Sala Constitucional no admitiera por el fondo el proyecto para la publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte, el tema regresa a la Asamblea Legislativa en una nueva iniciativa.
Este proyecto que es una reforma a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047) lo que busca es crear el Fondo Nacional para el Financiamiento y la Promoción del Deporte, la Recreación y la Actividad Física en Costa Rica, regulando la prohibición del patrocinio de licores en el deporte.
"El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuados por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará del previo a la divulgación de la publicidad. Se permite el patrocinio deportivo por parte de las empresas productoras, comercializadores o distribuidoras de bebidas con contenido alcohólico a toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte", dice la primera parte de la reforma.
Y agrega que el Fondo se financiará con donaciones de instituciones públicas o privadas. Pero, además, y aunque no menciona el término impuesto en ningún momento, allí se establece que también los deportistas o las organizaciones deportivas deberán girarle el 25 por ciento del monto bruto que perciban por concepto de patrocinio.
Ese dinero se deberá girar al Fondo como máximo el día 15 del mes siguiente a aquel en que se recibió el pago.
El proyecto sí impide que se pueda contratar patrocinio para actividades deportivas y recreativas en que participen menores de edad.
El deseo es aportar presupuesto al deporte en sus diferentes ámbitos porque en algunos casos suelen tener mayores dificultades para obtener recursos que permitan un mayor desarrollo de esas disciplinas deportivas y, por ende, un mayor rendimiento.
La iniciativa de la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional es analizada en la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa. Ella plantea que las personas, en distintas formas en eventos internacionales transmitidos por televisión e internet miran como distintas marcas de bebidas alcohólicas son patrocinadores de eventos deportivos. Por ello, no le ve sentido a la prohibición aún vigente en el país.
El nuevo Fondo sería administrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) para financiar a los Comités Cantonales de Deportes.
Los dineros serían destinados a la adquisición o contratación de bienes, la construcción de infraestructura deportiva, y la promoción del deporte y la recreación en todo el país, desde un enfoque de inclusión, según se indica en la exposición de motivos del proyecto de ley.
El director del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) Oswaldo Aguirre, externó su posición contraria a dicha apertura.
Para el jerarca del IAFA los impuestos sobre las bebidas alcohólicas más bien deberían ser mayores. También pidió mayor rigidez en cuanto a la publicidad.
Aguirre considera que, a pesar de estar buscando un bien para el deporte, se afectaría la prevención, al exponer todas las marcas de bebidas alcohólicas.
La figura propuesta por el director del IAFA es el aumento de los impuestos, y que de ahí se destinen ingresos para el fondo y así se pueda desarrollar el deporte.
Para la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Melina Ajuy, en nuestro país existe una contradicción en este tema porque se puede ver como está expuesta la publicidad en distintos lados a excepción de los centros deportivos.
Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista, considera que subir impuestos e imponer mayor cantidad de restricciones no es conveniente ya que el mercado continuará igual.
Durante los últimos seis años se han presentado una serie de iniciativas de reforma a la ley en esta materia, pero la mayoría fueron archivadas por el vencimiento en el plazo cuatrienal.
La última que se analizó es de febrero del 2023, pero no superó la consulta preceptiva ante la Sala Constitucional, órgano que declaró el proyecto de ley inconstitucional por el fondo.
