Defensoría alerta que el país no tiene norte en materia de seguridad
La política de seguridad navega sin rumbo, en criterio de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, quien expuso un análisis de su despacho ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la Asamblea Legislativa.
Para Cruickshank, el estado de paz que siempre hemos tenido se ido debilitando y presenta un deterioro acelerado. Fundamentó esa manifestación en las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que reflejan como el año anterior fue el más violento de la historia.
Esos datos establecen que el 2023 cerró con 906 homicidios, presentando un incremento del 28% con respecto al año previo. Y hasta el 25 de setiembre, fecha de corte que utilizó, el país registraba 653 homicidios.
De acuerdo con Cruickshank estos datos afectan los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas, que busca garantizar la paz y la seguridad de todos los habitantes.
Ante ello, la Defensora de los Habitantes aseguró que pedirá cuentas al Poder Ejecutivo, sobre la aplicación de la política de seguridad.
Cruickshank explicó que el análisis que hicieron permitió comprobar que el país no tiene rumbo en materia de seguridad, ya que el diseño de la política carece de enfoques preventivos, territoriales y sectoriales.
“Después de 10 meses de anunciada, no pasa de una política de buenas intenciones, pero escrita solamente en el papel”; puntualizó.
Por su parte, el director de Gobernanza Pública de la Defensoría, Carlos León añadió que los principios rectores que plantea la política de seguridad carecen de equidad territorial en el acceso a la seguridad. Así lo demuestran los diagnósticos que exhiben la crisis de las zonas costeras y los barrios marginales.
Señaló que, de los cinco objetivos específicos que plantea la política, solo uno hace referencia a la prevención, correspondiendo los otros cuatro más a acciones reactivas y represivas por parte de la policía en relación con la criminalidad.
Uno de los problemas que señala León es que cuando se le solicitó información al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora la entregó incompleta, por lo que debieron recurrir a la Sala Constitucional para que el funcionario acatara la gestión.
Pero eso permitió establecer que, en realidad, el plan de acción respecto de la política todavía no estaba listo, pese a que las autoridades aseguraban que lo tenían en ejecución.
El presidente de la Comisión, Gilberth Jiménez concluyó que llamarán a comparecer al ministro Zamora para que explique la situación.