Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a ocho personas en una serie de allanamientos en Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita, San Carlos, en un caso por aparente Legitimación de Capitales.
Una vez que iba a iniciar el operativo en Guatuso, un vehículo salió de la vivienda de interés. Ante ello, los oficiales le dieron seguimiento, pero fueron sorprendidos por sus ocupantes, que abrieron fuego. Producto del enfrentamiento, uno de los sujetos murió en el lugar, mientras otro falleció en el hospital de San Carlos.
Ambos fueron identificados como los custodios del principal sospechoso, a quien las autoridades señalan como el líder de la organización delictiva. Este fue detenido en el lugar del enfrentamiento.
De acuerdo con el OIJ, el operativo se desarrolló en 24 puntos, que en su mayoría corresponden a propiedades de las personas sospechosas. Pero, también, varias instituciones, esto con la finalidad de detener a los involucrados y recabar información de relevancia para la investigación.
Según el informe preliminar, en apariencia, entre los años 2021 y 2022 los sospechosos lavaron una cifra superior a los ₡1.000 millones de colones.
De acuerdo con las investigaciones presuntamente la organización se dedica a la legitimación de capitales, a través de puestos de lotería, tanto legal como ilegal; se presume que se podrían tratar de aproximadamente 80 puntos de venta en diferentes zonas del país.
Mediante la investigación se logró determinar que el presunto líder de este grupo registró un aumento patrimonial significativo en los últimos años. Además, en apariencia es propietario de dos ventas de autos, una licorera, una librería y una empresa constructora.
Los ocho detenidos son cinco mujeres y tres hombres.
El subdirector a.i. del OIJ, Vladímir Muñoz explicó que se citará a otras 10 personas de interés, para que se presenten ante la Fiscalía a declarar como imputados en la causa. Hasta entonces, se definirá su situación.
Muñoz agregó que tres de las personas citadas a declarar son funcionarios de distintas instituciones públicas, y en apariencia facilitaban la legitimación de capitales.
Como parte del operativo, las autoridades pretendían decomisar aproximadamente 71 vehículos, valorados en ₡740 millones de colones y 74 bienes inmuebles valorados en ₡650 millones de colones, además de diferentes indicios importantes para la investigación.
