Nuevos allanamientos de Fiscalía a oficinas de la CCSS
El Ministerio Público mediante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirigió seis nuevos allanamientos en las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de recolectar prueba documental y digital en el marco de una investigación por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
La Fiscalía dirigió las acciones sobre tres funcionarios de la institución, encabezados por el asesor financiero de la presidencia ejecutiva, Allan Quesada Soto, junto con la directora actuarial, Carolina González Gaitán, y la directora de Planificación, Susana Peraza Solano.
En este caso la mira está puesta sobre los tres funcionarios de la institución, por una supuesta alteración de documentos que afectaron las inversiones de la entidad.
Las autoridades judiciales sospechan que, aparte de la persona que habría modificado los documentos, otros dos investigados aprovecharon sus puestos para condicionar los resultados del "Informe Técnico sobre la actualización del portafolio estratégico institucional 2023-2032".
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron los allanamientos en las casas de habitación de los funcionarios investigados y en las oficinas de la CCSS, específicamente en los departamentos de Actuarial, Planificación y Telemática.
La investigación de la FAPTA busca establecer si González, durante una reunión virtual, habría hecho una recomendación de cómo incluir información en un documento que se presentaría ante la Junta Directiva, en fecha 9 de marzo 2023.
De esa manera, se presume que dicho informe correspondió a una segunda versión modificada del documento que, siete días antes, se había presentado a las gerencias y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.
También se cree que estas personas causaron una afectación al interés público, pues el informe manipulado concluía con un panorama de ingresos insuficientes, por lo que la Junta Directiva acordó la suspensión de proyectos incluidos en el portafolio de inversiones, relacionados con construcciones, compra de terrenos y donaciones, lo que iba en perjuicio de las personas usuarias de la institución.
La FAPTA informó que, hasta este momento, no hay personas detenidas. Sin embargo, como parte del proceso, a los sospechosos se les citará para que se presenten ante la Fiscalía.