Municipalidad exigirá a WPP cierre técnico de botadero
La Municipalidad de Cartago deberá ponerle final a la historia de un vertedero a cielo abierto ubicado en el distrito de Dulce Nombre, por orden de la Sala Constitucional. Y para ello pretende forzar a la empresa WPP a actuar.
Antes de llegar a este punto, por varios años la municipalidad recibió órdenes del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) sobre el cierre, aunque no las atendió.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Municipalidad y el Ministerio de Salud, al determinar que ambas instituciones han incumplido durante años el cierre y la mitigación del botadero.
La sentencia ordena al alcalde, Mario Redondo; a la presidenta del Concejo Municipal, Grettel Quesada; y al director del Área Rectora de Salud de Cartago, Carlos Alberto Granados, o a quienes ejerzan esos cargos, que en un plazo máximo de dos meses corrijan de forma definitiva el problema ambiental y adopten de inmediato las medidas paliativas más urgentes.
La Sala Constitucional dispuso que dado el incumplimiento de órdenes ambientales desde julio de 2019 el TAA ordenó:
- Mejorar el sistema de recolección de lixiviados.
- Instalar y dar mantenimiento a sistemas de conducción y tratamiento de gases.
- Implementar controles para las aguas pluviales.
- Realizar estudios técnicos sobre estabilidad de taludes.
Además, se debía garantizar la cobertura de los residuos sólidos para evitar exposición a la intemperie, así como presentar un mapa del área del proyecto donde se indiquen las acciones realizadas.
Los magistrados advirtieron que, en caso de incumplimiento, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de tres meses a dos años, o multas de 20 a 60 días, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
El problema se agravó pues desde que el botadero dejó de operar, hay personas que simplemente llegan al lugar a depositar todo tipo de desechos.
El fallo concluye reiterando la urgencia de atender los pasivos ambientales que por años han puesto en riesgo tanto a los ecosistemas como a los vecinos de Dulce Nombre.
Ante la orden, el alcalde Redondo analizó que “lamentablemente y sin ser de modo alguno irrespetuoso con la institucionalidad, la sala muchas veces resuelve cosas desde un escritorio y sin mayor conocimiento y profundidad sobre la realidad de los temas”.
Se quejó de que ese órgano dispone de cosas en con muy poca profundidad, con mucha superficialidad, dando indicaciones que ignoran elementos fundamentales.
Redondo añadió que, en este caso, los dictámenes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) señalan obligaciones que no son propias de la municipalidad, sino que son obligaciones que corresponden a la empresa que tiene cierre técnico.
No obstante, según constató la Sala IV, ni la Municipalidad de Cartago ni el Área Rectora de Salud se ocuparon de que las acciones fuesen ejecutadas por la empresa WPP, lo que agravó el impacto ambiental y convirtió al sitio en una “verdadera bomba de tiempo”.
Ahora bien, Redondo insiste en que las correcciones deben correr por cuenta de la empresa WPP, dado que fue el último operador del relleno. Y lo dice porque hay un acuerdo que establece que a la empresa que operó el relleno, le corresponde hacer el cierre técnico.
“Entonces, eso es lo que corresponde y así lo estamos tratando de hacer valer; y lo ha indicado la SETENA en reiteradas oportunidades” argumentos el alcalde.
El expediente señala que dicho botadero operó durante muchos años bajo control municipal, hasta que en 2002 se contrató a una empresa privada para una “operación mejorada”.
Sin embargo, tras la finalización del contrato en 2018, el sitio quedó sin manejo alguno, lo que ha generado un riesgo inminente de daños irreparables al ambiente y a la salud pública.