La ministra de la Presidencia, Laura Fernández aseguró que la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, directivos y exdirectivos de la entidad constituye un abuso de poder por parte de la Fiscalía General de la República.
Eso lo dijo pese a que en Costa Rica ningún allanamiento se puede realizar si no ha sido autorizado previamente por un juez de la República.
En un video distribuido por su despacho, Fernández salió a dar la posición del Poder Ejecutivo después “de horas de una discusión extendida y detallada con el señor presidente de la República”, sobre las acciones judiciales desarrolladas este lunes.
El mandatario, Rodrigo Chaves, por su parte, guardó silencio, pese a la magnitud de la situación.
Según Fernández, todos los funcionados de la administración Chaves están dispuestos a responder en cualquier gestión de investigación.
“El pueblo, la democracia y el gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna institución pública, en este caso de la Fiscalía General.
“Las acciones de la Fiscalía General son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral”, afirmó Fernández.
Añadió que la acusación formulada en torno a la adjudicación de la administración de los EBAIS es por prevaricato. Pero, de inmediato cuestionó cómo es que la Fiscalía General aduce dicho delito si la adjudicación del contrato no está en firme al estar en revisión de la Contraloría General de la República.
Eso, pese a que la Fiscalía dijo sospechar que las personas detenidas pudieron cometer delitos como influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias, lo cual está en investigación.
“¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a doña Marta, en lugar de detenerlos mediáticamente?
"¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?, se preguntó indignada Fernández.
Acusación absurda
Según la Ministra, la acusación es “absurda” debido a que la CCSS no cuenta con una estimación de costos de la contratación que beneficiará a 580.000 personas de Tibás, Paso Ancho, Desamparados, Pavas, Escazú, Santa Ana, entre otras comunidades.
A tono con algo que ya había hecho el presidente Chaves, la ministra cuestionó el hecho de que la Fiscalía no ha resuelto denuncias presentadas por el Poder Ejecutivo “o hasta la amenaza de muerte contra el Presidente de la República, por parte de la señora Rueda”, en alusión a una publicación en redes sociales de la hija del magistrado Paul Rueda..
“Costarricenses, esto no huele nada bien. A todas luces es un abuso de poder. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno. Son mensajes que interpretamos así: vea Gobierno deje de cuestionarnos porque nosotros en la Fiscalía tenemos el músculo de cómo intimidarlos, como en el caso de doña Marta.
“Eso es muy peligroso. Nosotros como sociedad debemos evitar que la Fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al Gobierno a través de un hostigamiento ilegítimo”, sostuvo Fernández quien concluyó que “estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país”.
