MINAE reprueba en coordinación estratégica en materia de energía

Pese a que al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) le corresponde la planificación estratégica de los proyectos de inversión del subsector energía y la aplicación de los mecanismos de control para su evaluación y seguimiento, en realidad no cumple con esas funciones a cabalidad.

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) determinó que en lo referente a la planificación estratégica, entre las funciones de la rectoría del Subsector Energía están las siguientes:

• Coordinar, articular y conducir las actividades de este subsector, conforme con las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y el Vll Plan Nacional de Energía (PNE).
• Dar seguimiento y evaluar los resultados de las actividades que realicen las instituciones.
• Emitir directrices que procuren que los proyectos a desarrollarse sean los necesarios y de mayor conveniencia para la matriz energética nacional.

“(…) la rectoría no cuenta con criterios de selección de proyectos de inversión basados en la rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio, que promuevan la optimización de la cartera de proyectos del Subsector.

“Lo anterior, implica que a la fecha se incorporaron al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 11 plantas de generación que no fueron seleccionadas con base en una metodología formalmente definida por la rectoría, de forma que asegure el cumplimiento de los objetivos del sistema. La ausencia de criterios de selección también se identificó para los proyectos relacionados con hidrocarburo”, determinó la Contraloría.

Llamó la atención con respecto a los dictámenes de vinculación, ya que se identificó un vacío en la normativa. "Esta es clara en definirlo en términos de su emisión, como una función de la rectoría, pero es omisa en establecer los mecanismos para asegurarse que todo proyecto debe contar con el dictamen a efecto de continuar con la fase de inversión (...)".

A criterio de la Contraloría, el VII PNE y las directrices emitidas por la rectoría tienen como propósito garantizar la conveniencia de los proyectos de generación eléctrica, por lo que se aplica a los proyectos de inversión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, S.A.), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH, S.A.), así como a las cooperativas de electrificación rural.

“No obstante, la rectoría no realiza actividades enfocadas a evaluar los proyectos del Subsector Energía de conformidad con el cumplimiento del Plan supracitado, desde el segundo semestre del 2022 a la fecha”, recalcó la Contraloría.

La institución analizó las funciones del MINAE, en su papel de rector del subsector Energía, desde el 1° de agosto del 2020 al 30 del 2024 y detectó que incumple con su deber de dirigir y coordinar las actividades en materia de desarrollo de proyectos de inversión de energía pues carece de criterios de evaluación que procuren la optimización de la cartera de proyectos.

El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2022-2040 tiene prevista una inversión de $1.379 millones. Además, las inversiones relacionadas con hidrocarburos en el periodo 2020-2024, ascienden a $96,5 millones, de acuerdo con datos aportados por RECOPE.

Se escaparon de los ojos del MINAE

Además de lo anterior, la Contraloría General de la República realizó los siguientes hallazgos:

• No se cuentan con criterios de selección de proyectos basados en rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio, que promuevan la optimización de la cartera. 
• Se incorporaron al Sistema Eléctrico Nacional 11 plantas de generación que no fueron seleccionadas con base en una metodología formalmente definida.
• Limitaciones para la obtención oportuna y confiable de información y para realizar actividades de fiscalización de los proyectos de cooperativas de electrificación, representan el 11,3% de la venta de energía a nivel nacional.
• 2 plantas de generación eléctrica han operado, pese a no contar con la concesión necesaria para el suministro del servicio, que debe emitir el MINAE.
• 2 proyectos de inversión de RECOPE, S.A, con aval sectorial ($77,5 millones estimados) a pesar de: estudios de preinversión con debilidades sustantivas, indicadores de rentabilidad negativos y ausencia de evaluación económica-social que justifique su ejecución.
• El proyecto “Sistema contra incendios muelle petrolero”, ($6,1 millones estimados) fue registrado en el Banco de Proyectos del Mideplan sin contar con el aval sectorial. Además, carece de las evaluaciones financiera y económico-social, que justifiquen su desarrollo.
• Los nueve proyectos de generación eléctrica que finalizaron su fase de preinversión durante esta auditoría, no cuentan con dictamen de vinculación emitido por la rectoría.

“Las debilidades expuestas provocan incertidumbre acerca de la viabilidad legal, técnica, financiera, económica y ambiental de los proyectos que pretenden ser incorporados en la matriz energética nacional, así como en el alineamiento con el VII PNE y directrices establecidas por la rectoría”, concluyó la CGR.

Al mismo tiempo, emitió una serie de disposiciones al jerarca del MINAE, Franz Tattenbanch para que asuma de manera correcta el rol como rector en materia del subsector energía.