La Sala Constitucional ordenó la suspensión inmediata de todas las licitaciones abiertas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) para concesionar frecuencias de radio AM, FM y televisión digital, al advertir un “grave riesgo” de una reducción masiva de medios de comunicación en el país.
La resolución fue dictada por el magistrado instructor Paul Rueda, a las 10:11 a. m. de este miércoles 26 de noviembre de 2025 dentro del expediente 25-031501-0007-CO.
El Tribunal constitucional tomó esta decisión tras constatar la baja cantidad de ofertas recibidas por la SUTEL: apenas 1 para radiodifusión AM, 20 para FM y solo 4 para televisión, cifras que podrían traducirse en la desaparición de al menos dos tercios de las emisoras y televisoras actualmente operativas en el país.
Estos números coinciden con las advertencias publicadas por Despertar.cr días atrás, cuando una investigación reveló que la combinación de costos, requisitos y baja participación amenazaba con provocar una caída sustancial en la cantidad de medios nacionales.
A esto se suma el precedente de septiembre de 2025, cuando este medio informó que las nuevas concesiones de televisión digital podrían superar los $1.6 millones, un costo que operadores pequeños calificaron como una barrera económica capaz de expulsarlos del mercado.
La Sala también amplió el amparo, agregando como recurrido al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que ahora se suma al Ministerio de la Presidencia y a SUTEL, por su participación en el diseño y supervisión del proceso licitatorio.
La resolución advierte que, de ejecutarse las licitaciones con la oferta actual, se producirían daños severos al ecosistema de radiodifusión, afectando la pluralidad informativa, el acceso público a medios y la diversidad regional.
El Tribunal considera que estos riesgos ameritan la suspensión del proceso mientras se analiza si el diseño de la licitación vulnera derechos constitucionales, lo que obliga a que los ministerios involucrados y la SUTEL rindan cuentas sobre la metodología y los alcances de los concursos.
La Sala deberá determinar ahora si las licitaciones pueden retomarse, si deben replantearse o si, por el contrario, vulneran principios esenciales como igualdad de acceso y libertad de expresión
