La Organización Costa Rica Integra (CRÍ) señalo que las investigaciones de los casos de alto perfil, como “Madre Patria” y “Barrenador”, fueron medidas positivas puntuales. Ambas fueron citadas por la organización en la presentación del “Índice de la percepción de la corrupción para Costa Rica”.
Según su perfil, CRI es una organización sin fines de lucro creada en abril de 2012, Contacto Nacional de Transparencia Internacional para Costa Rica y cuya naturaleza es ser una organización nacional, independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista.
El informe destaca también la Política Anticorrupción en el Poder Judicial, la Ley de protección de testigos y denunciantes de corrupción, y la Ley de Acceso a la Información.
Según los números que presento la CRÍ los aciertos fueron destacados, al presentar una mejora de tres puntos que tuvo el país en el índice, a nivel global.
Las dos investigaciones destacadas fueron realizadas por dos dependencias distintas del Ministerio Público: el caso “Madre Patria” se encuentra a cargo de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.
En ella el Ministerio Público (MP) indaga a un grupo criminal supuestamente dedicado a cometer fraudes registrales y corrupción, con la colaboración de funcionarios públicos.
Y el caso “Barrenador” está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), donde se encuentra en fase preparatoria de investigación.
La fiscalía investiga la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica y tráfico de influencias en la adjudicación de un contrato millonario, a cuatro cooperativas y una asociación de médicos, para la administración de 138 EBAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con la fiscal adjunta de la FAPTA, Natalia Villalta, los resultados son parte de las rutas que trazaron para la resolución de causas y la capacitación interna, tanto al personal de la fiscalía como a los de las otras instituciones públicas, con un enfoque de prevención del delito.
En el mismo sentido, los fiscales que atienden el caso Barrenador, Alejandra Castro y su coordinador, Ronald Segura, destacaron que este expediente es de gran relevancia, puesto que las actuaciones surgen dentro de un marco legal de derecho administrativo.
Para los fiscales, se ha establecido un grado de probabilidad de la comisión de hechos delictivos, gracias a la recopilación de un amplio elenco probatorio.
Desde su punto de vista, en este proceso se ha remarcado la importancia de la obligación que tienen los funcionarios públicos de cumplir con el principio de legalidad.
"Este deber que se tutela en el artículo 17 del reglamento de la ley de contratación pública, que tienen los funcionarios y jerarcas de velar por el buen uso de los fondos públicos, evita que se lesione la Hacienda e interés público, ya que, de ser lesionado nos afecta a todos los ciudadanos”, manifestó Segura.
Respecto al caso “Madre Patria”, la fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, Sharon Rodríguez, señaló que se trata de un fraude registral que expone el uso negativo de la fe pública.
También se nota la instrumentalización de la función notarial al servicio de la criminalidad organizada, afectando y provocando la pérdida del derecho de propiedad que venían sosteniendo extranjeros.
De acuerdo con Rodríguez, la causa ha dejado en evidencia cómo el ordenamiento socioeconómico se ve perturbado mediante la inserción de las ganancias del fraude registral en el sistema financiero y en la economía nacional.
La funcionaria destacó que existen varios puntos que le dan un alto perfil a la investigación, como “la corrupción en instituciones públicas, pues demostró cómo algunos funcionarios públicos (oficiales de tránsito, del Consejo de Transporte Público y del Poder Judicial) colaboraban activamente con la organización criminal”.
También mencionó la afectación a la seguridad jurídica, debido a que “afectó la confianza en la función notarial y en el sistema registral, que es fundamental para garantizar la propiedad privada y la legalidad de las transacciones inmobiliarias”.
