Industriales exigen a ARESEP aplicar la ley y frenar alza en tarifas eléctricas

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) lanzó una advertencia directa a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ante la solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de aplicar un aumento de hasta un 25,23% en la tarifa eléctrica para el año 2026, calificándolo como un ajuste “desproporcionado” que se desvía del marco legal vigente.

Desde la Cámara le pidieron a la ARESEP aplicar estrictamente los principios del artículo 32 de la Ley 7593, que establece que las tarifas deben excluir todos los gastos que no sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio público.

El presidente de la CICR, Sergio Capón advirtió que “el sector productivo no soporta más presiones sobre su competitividad. El precio de la energía es un factor crítico que debe manejarse con prudencia y visión de país”.

En un comunicado la organización sostuvo que, de acuerdo con la propuesta tarifaria del ICE, el sistema de generación sufriría un aumento del 50,46%, el de transmisión un 23,16%, y las tarifas finales para los usuarios se incrementarían en 25,23%.

Estos ajustes, según la Cámara exceden cualquier parámetro técnico razonable y ponen en riesgo la estabilidad de los costos energéticos que enfrentan las industrias y hogares costarricenses.

El comunicado destaca que aún falta por definirse el impacto del Costo Variable de Generación (CVG), un factor que, según ARESEP, podría incluso abaratar las tarifas.

Sin embargo, la Cámara insiste en que los aumentos propuestos por el ICE no se justifican con base en las necesidades reales del sistema eléctrico, ni en la situación económica actual del país.

En su análisis del expediente tarifario identificó aumentos sustanciales en rubros operativos que considera innecesarios o sobredimensionados.

Un ejemplo de ello es la creación de 91 nuevas plazas dentro de los sistemas de generación y distribución eléctrica, que representarían un costo adicional de ₡2.725 millones.

Además, el gremio industrial reporta crecimientos notables en gastos administrativos, costos comerciales y reconocimientos por depreciación de activos, todos incluidos en la justificación tarifaria presentada por el ICE.

“Estos incrementos muestran que el problema no es técnico, sino de gestión. Se están cargando a los usuarios gastos que deberían ser revisados internamente antes de trasladarse a las tarifas”, señala el pronunciamiento de la Cámara.

También reiteró su preocupación por el tratamiento contable de la depreciación de activos, tema sobre el cual la ARESEP aún no ha emitido un criterio definitivo, pese a que ya fue señalado desde 2024.

Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativa del sistema de generación alcanzarían los ₡274.338 millones, lo que equivale al 19% de la deuda total del sistema (₡1.456.458 millones).

A ese ritmo, advierte la Cámara, el ICE podría amortizar toda su deuda en poco más de cinco años, un plazo “poco razonable” considerando que se trata de pasivos de largo plazo.

“Hemos apoyado el prorrateo justamente para no someter al consumidor a aumentos abruptos y desproporcionados de tarifas”, concluyó Capón.

El gremio industrial recordó que Costa Rica enfrenta ya altos costos de producción derivados del tipo de cambio apreciado, los aranceles, las cargas sociales y la infraestructura deficitaria, por lo que un incremento tarifario de esta magnitud afectaría la competitividad nacional y el atractivo para la inversión.

Este llamado de la Cámara se suma a una serie de pronunciamientos del sector privado sobre la necesidad de revisar la estructura de costos del ICE y modernizar el modelo tarifario.

El expediente actual se encuentra en fase de análisis técnico dentro de la ARESEP, que deberá determinar si la solicitud del ICE se ajusta a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia que exige la legislación vigente.