El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoció que el Poder Ejecutivo no tiene una ruta establecida para llegar a girarle el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública costarricense, tal y como está establecido en el artículo 78 Constitución Política.
A esto añadió que no hay forma de cumplir con ese cometido, porque cuando la Asamblea Legislativa introdujo la reforma constitucional, no se generaron los recursos para enfrentar esa responsabilidad.
Acosta indicó que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) ronda ¢2.6 billones y que, para alcanzar el porcentaje constitucional, se le deberían girar ¢1.6 billones más.
Acosta sostuvo que bajo las circunstancias que enfrenta el Gobierno, darle el 8% del PIB a Educación implicaría el cierre de 19 instituciones.
“La hoja de ruta sería empezar a ver cuál cerramos primero. El más grande o el más pequeño de las 19 instituciones. Podríamos subir el IVA, al 23%. Esa es la segunda opción. Y el tercero es que endeudemos al país en 3.5% anual durante los próximos años hasta que podamos hacerlo”, afirmó Acosta.
Recientemente, por unanimidad, los magistrados de la Sala Constitucional declararon inconstitucional el proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2025, debido a que no se presupuestó el 8% del PIB para educación. Instaron a las autoridades a tomar las medidas para cumplir el mandato constitucional.
Ello, al declarar parcialmente con lugar una gestión planteada por la Defensoría de los Habitantes, vía consulta facultativa.
Al mismo tiempo, Acosta sostuvo que existe un problema de fondo en torno al tema del 8% para Educación y detalló que “la irresponsabilidad es una mala consejera”, en referencia al aumento definido por los diputados, por unanimidad, 14 años atrás.
“Los diputados, en el 2011, aplaudieron todos cuando aprobaron esa reforma y no generaron un cinco para poderlos cumplir. (…) No hay forma de cumplir con el 8% de la Educación”, apuntó Acosta.
Llamó la atención que, según proyecciones demográficas, la tasa de natalidad bajará de manera considerable dentro de 20 años a 25 años, lo que se traducirá en una reducción de la cantidad de estudiantes con respecto a los que hay en la actualidad.
Cuestionó que, aunque se dé esa baja se mantendrá el porcentaje definido en la Constitución, pero no se están haciendo las previsiones económicas para la atención de la población de adultos mayores que crecerá en un 20% en ese plazo.
“El problema es que estamos teniendo una discusión sin ninguna solución. Es imposible una ruta dadas las condiciones demográficas, fiscales, pero, sobre todo, de visión de futuro”, remarcó Acosta.
Producto de la anterior, se le consultó si el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de reforma al artículo 78 de la Constitución Política. Respondió que “¿usted cree que es un tema sexy políticamente? Nosotros lo podríamos plantear y podríamos plantear subir el IVA al 23%. Respóndame usted ¿qué van a hacer los diputados?”.
