La cantidad de funcionarios que han renunciado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sigue siendo un problema que tiene un alto costo para el país y no ayuda en nada a la tarea de combatir la delincuencia.
En esos términos se pronunció, otra vez, el director de ese cuerpo policial, Randall Zúñiga, al evaluar la situación del país de cara al cierre del presente año.
Esa fuga de talento es, de hecho, uno de los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial y, en particular, el OIJ, en criterio de Zúñiga.
El funcionario explicó que hizo consultas a la Contralora General de la República, Marta Acosta, y a los ministros de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Presidencia, Laura Fernández, pero no encontró respuestas de parte de estos jerarcas.
La situación es resultado de que la Corte Suprema de Justicia no haya definida el salario global aplicable a los funcionarios del OIJ, a partir de la entrada en vigencia, primero, de las Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, luego, la Ley de Empleo Público.
Zúñiga dijo que hasta la fecha las pérdidas para el Poder Judicial por la salida de profesionales en distintas áreas rondan los ₡125 mil millones de colones. Ello por cuanto se invierte en la preparación de un personal que luego se retira de la institución.
Este fenómeno, dijo, se comenzó a alertar a partir del año 2018 cuando se movió en la Asamblea Legislativa, la primera de las iniciativas, la cual le colocaba un tope salarial a todos los funcionarios y no permitía los aumentos salariales por amplios periodos, imposibilitándolos de retener la mano de obra calificada.
De hecho, en 2018 se dieron 38 salidas pero la cifra siguió en aumento. Apenas se hizo efectiva la ley en marzo del 2023, se marcharon otros 107 funcionarios de varias zonas operativas.
Zúñiga enfatizó en que, pese a los problemas fiscales y los reajustes, existen puestos de vital importancia por lo cual se debería reconsiderar como retenerlos, incluyendo a informáticos, médicos y demás personal calificado.
Otro de los desafíos que mencionó el jerarca del OIJ es la legislación, que a su juicio se encuentra desfasada. Además, se han dado una serie de reformas y nuevas leyes, pero todas carecen de fondos para realizar las tareas que se introducen.
Ejemplo de estas citó la Ley de desaparición de menores, o la Ley contra el acoso sexual en las calles y la Ley contra el maltrato animal.
Como tercer punto entre los desafíos para el OIJ, Zúñiga planteó que el control en los centros penales debe reforzarse porque a pesar de tener inhibidores de señal siguen ocurriendo acciones delictivas dentro de las cárceles.
Para Zúñiga se mantiene como en el caso de los allanamientos realizados durante la tercera semana de noviembre cuando una organización criminal en el sector de Sabana, en San José, operaba un centro de llamadas y recibía ordenes desde dentro de la Reforma.
“Los sospechosos, eran liderados por un masculino el cual se encuentra recluido en Máxima Seguridad. Se les vincula con siete causas, ya que supuestamente operaban una especie de “call center” desde el cual realizaban llamadas para, presuntamente, estafar a sus víctimas”, explicó Zúñiga.
Esto a pesar de que el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos sigue negando que se estén cometiendo delitos desde ese centro penitenciario.
En esta parte el director del OIJ indica que ya se habló la semana anterior con las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicación (SUTEL) para que colaboren en este punto, para generar los bloqueos adicionales a los sistemas roaming de manera que se corten las señales de otros países.
