Las familias de bajos ingresos prefieren invertir la mayor cantidad de sus ingresos en la compra de alimentos, por lo que optan por sacrificar otros rubros como educación, salud, vivienda y la recreación.
Así se desprende de un reciente estudio realizado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), que señala que ello se traduce en una afectación a la calidad de vida de las familias cuyos ingresos per cápita rondan los ¢75.000 mensuales.
Según el análisis, cuando el precio de los alimentos aumenta más no así los salarios o si estos disminuyen, las familias se decantan por satisfacer la parte alimentaria y dejan de lado otros aspectos.
Para definir el impacto del aumento de los alimentos, el equipo investigador utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en tres encuestas: 2004, 2013 y 2018.
Para la investigación se tomaron en cuenta 25 productos que al menos fueran consumidos por uno de cada cinco hogares en el país y que representara como mínimo el 0,1% del gasto en comida para cada familia.
Entre estos están pan, tortillas, galletas, arroz, leche, natilla, huevos, bistec, carne molida, atún, margarina, chayote, chile dulce, tomate, frijoles, cebolla, papa, azúcar, sal y café.
Erick Sequeira Benavides, uno de los académicos a cargo de esta investigación, recalcó que el encarecimiento de los alimentos incide de manera negativa en los que menos ganan.
“Este grupo de familias están muy limitadas para satisfacer otro tipo de necesidades. (…) Si las familias van a priorizar sus necesidades en el consumo de alimentos pueden seguir subsistiendo. Pero el problema es que los estamos limitando en poder acceder a otras oportunidades relacionadas con educación y con salud”, remarcó Sequeira.
Sequeira externó, además, que se corre el riesgo de que una pequeña parte de esas familias busque formas ilícitas de ganar dinero para satisfacer otras necesidades.
Ante esta situación, Sequeira urgió al Gobierno a diseñar políticas económicas que controlen mejor la escalada de precios o aumentar los ingresos de las familias más vulnerables por medio de las transferencias sociales, así como dar seguimiento al uso de estos recursos.
“El Estado lo que debe hacer es darle un seguimiento a los precios y no simplemente ver lo que ocurre y dejarlos ahí. Hay que ver lo que están haciendo con las transferencias que el Estado les hace a estas familias, pero la idea es lograr saber si esas transferencias están siendo efectivas y suficientes, porque probablemente no lo sean”, externó Sequeira.
En este sentido añadió que de ser necesario, que se hagan los ajustes en las transferencias que reflejen la inflación de los alimentos.
