La Defensoría de los Habitantes sacó a la luz el riesgo que se da en las cárceles del país, en un informe en que expuso que el déficit de agentes de la Policía Penitenciaria creció en los dos últimos años.
Tras la actualización de una investigación de oficio iniciada en el 2023, la Defensoría concluye que el faltante de personal pasó de 1.754 agentes penitenciarios en 2023 a un total de 2.722 en abril de 2025.
Desde la Defensoría consideran que esta reducción de personal esta generando una afectación directa tanto a los derechos laborales del personal policial, como a los derechos fundamentales de la población recluida.
las inspecciones realizadas por este órgano en los centros penitenciarios revelaron niveles de agotamiento físico y emocional en el personal, recargo de funciones, acumulación de vacaciones no disfrutadas, y limitaciones en la atención médica, técnica y educativa de las personas privadas de libertad.
Asimismo, la Defensoría verificó que el déficit de recurso humano compromete la operatividad de los centros, principalmente la seguridad institucional; retrasa traslados médicos y judiciales, afecta el contacto de los reclusos con sus familias, e incrementa el riesgo de motines y fugas.
A raíz de lo encontrado la institución recomendó recomendó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar una serie de medidas, concretas para fomentar y fortalecer con urgencia la contratación y reposición progresiva de agentes de policía para atender la labor de custodia.
Además, señaló que se deben adoptar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas ante el faltante de plazas de agentes policiales.
Otro de los aspectos que agregó la Defensoría es que se debe implementar un sistema de información anticipado de manera semestral en el que se identifiquen las y los agentes de policía que han fallecido, renunciado o han sido despedidos, con el objetivo de generar una base de datos actualizada de plazas vacantes por cada centro penitenciario.
Finalmente, que se le solicite al Ministerio de Hacienda garantizar el presupuesto requerido para nombrar a los 2.722 agentes de policía penitenciaria faltantes.
