El Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para ponerle un tope al monto de las pensiones de los regímenes especiales -a los que pertenecen los jubilados con cargo al presupuesto nacional-, así como a los beneficiarios de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio (JUPEMA) y del <fondo de <jubilaciones del Poder Judicial.
Según la iniciativa de ley denominada “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público”, se quiere homologar a las "pensiones de lujo", con el monto máximo, sin postergación, que se determine para los del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) el cual es fijado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Actualmente es de ¢1.765.859.
En el artículo 6 de la iniciativa se establece:
“Alcance. La limitación establecida en el artículo 3 de esta ley aplicará tanto para las pensiones en curso de pago, como para los nuevos derechos jubilatorios que sean otorgados a partir de la entrada en vigor de esta ley”.
Añade el documento, en el artículo 7, que la aplicación del tope se efectuará de manera progresiva, en un plazo máximo de seis meses, que se comenzarán a contar a partir del mes siguiente a la entrada en vigor de la norma “y hasta que se cumpla con el objetivo previsto en este tema”.
Para lograr el cometido, el Poder Ejecutivo plantea las siguientes reglas:
- La aplicación del tope máximo establecido le corresponderá a cada una de las instituciones o instancias administrativas que tienen a su cargo la administración del régimen de pensión respectivo.
- La progresividad de la aplicación del tope máximo deberá distribuirse por tractos iguales durante seis meses, restando la diferencia del monto que actualmente se recibe como pensión al monto fijado en el artículo 3 de la presente ley, hasta alcanzar el monto máximo de pensión sin postergación fijado periódicamente para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, asegura que se busca eliminar “las pensiones de lujo”, pues existen personas que reciben montos millonarios, sin que, en su criterio, hayan cotizado lo suficiente para ello.
Para el Poder Ejecutivo, las pensiones excesivas superan los ¢3 millones y pueden llegar hasta más de ¢12 millones.
Chaves apuntó que, para plantear el proyecto se elaboró un estudio actuarial, el cual le fue adjuntado al documento entregado a la Asamblea Legislativa.
Indicó que, para hacer el proyecto de ley, se tuvo que recabar información, pero que ese proceso fue difícil, pues hubo resistencia tanto de JUPEMA como del Poder Judicial de suministrarla, por lo que el Poder Ejecutivo tuvo que interponer dos recursos de amparo ante la Sala Constitucional.
Chaves sostuvo que el estudio actuarial “arrojó barbaridades”.
“Tuvimos que ver cuánto de más se le paga a personas que tienen pensiones que son absolutamente inmorales con respecto a lo que ellos cotizaron. (…) Hay gente que debió cotizar casi el 60% de su salario para recibir la pensión que están recibiendo. No lo hicieron, obviamente” aseveró Chaves.
Lo que no dijo Chaves es que, tanto los pensionados del Poder Judicial, como los de JUPEMA cotizan porcentajes superiores a los establecidos para el IVM, lo que hace que sus jubilaciones sean mayores.
Además, en el caso de JUPEMA, existen pensiones a los que se les rebajan sumas mensuales que van a un fondo solidario para darle sostenibilidad financiera al régimen del Magisterio Nacional.
Consulta ante la Corte IDH
Chaves reseñó que, además del proyecto de ley, se prepara una Opinión Consultiva que se presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como plan B en caso de que los diputados y los magistrados de la Sala Constitucional señalen que la iniciativa tiene inconstitucionalidades.
Dicha consulta, se encuentra en “fase preparatoria”. Según Chaves, lo que se persigue es una deducción del 40% de las sumas que devengan como pensión, para lo cual se basará en distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber, el 26, el 102 y el 126.
Detalló que se trata de “una consulta sobre la interpretación y alcance de los artículos 1,8,9, 21, 24,25,26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 1,2,5 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el protocolo de San Salvador y su compatibilidad con el proyecto de ley”.
