El Poder Ejecutivo pretende que las subastas ganaderas, así como a las compraventa de vehículos se conviertan en “sujetos obligados” para reportar operaciones sospechosas, como una medida contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la financiación al terrorismo.
Para esto, enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para el Fortalecimiento del Sistema de Antilavado, el cual propone que esas actividades reporten las operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Precisamente, el director general del ICD, Fernando Ramírez aseveró que estos sectores comerciales que tienen ningún control (subastas ganaderas y compara venta de autos) y una persona puede llegar con una cantidad fuerte de dinero y comprar un lote de ganado o llegar con $60 millones en efectivo para comprar un carro sin cuestionamiento alguno sobre su procedencia..
“Estos son los dos nichos de mercado que están aprovechando los criminales, que pertenecen a estas grandes organizaciones dedicadas a cometer diversos delitos y donde van, con dinero en efectivo a comparar un vehículo de lujo o van con estas grandes sumas de dinero a tranzar diferentes cantidades de ganado en estas subastas”, afirmó Ramírez.
Añadió que con este proyecto de Ley "venimos a buscar la manera en que tanto las subastas ganaderas como las agencias de ventas de vehículos tengan que cumplir una serie de obligaciones que establece la ley 8204 como reportar operaciones sospechosas, conocer quiénes son los clientes para ir cerrando el portillo y que no sean espacios propicios para que las organizaciones vengan a delinquir”.
Recalcó que se busca cerrar los vacíos legales que han permitido a redes criminales infiltrarse en sectores estratégicos de la economía.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta sostuvo que el 70% de los ganaderos no declaran el pago de impuestos.
“Allí tenemos situaciones tan complicadas como que el Banco Central establece que la oferta ganadera es más de ¢.200.000 millones y resulta que los ganaderos nada más reportan como si su hubieran tranzado 780 reses cuando las subastas dicen que son 39.000. Y esos son temas que nos llaman la atención. Desde el punto de vista de la tributación, hay que resolverlo porque todos estamos obligados a contribuir”, subrayó Acosta.
Además sumó que en la actualidad sólo existen siete subastas ganaderas que pagan impuestos.
Entre los objetivos de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo se encuentran:
- Ampliar el alcance del sistema antilavado: garantizando que sectores económicos estratégicos implementen controles más rigurosos y colaboren en la prevención de delitos financieros.
- Fortalecer la transparencia en transacciones: fomentando prácticas comerciales responsables que contribuyan a la estabilidad del sistema económico nacional.
- Alinear la legislación costarricense con estándares internacionales: cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT).
Ramírez apuntó que, producto del crimen organizado, el Organismos de Investigación Judicial (OIJ) decomisó en el 2021 más de 1.250 cabezas de ganado, que representaron más de ¢1.000 millones para el ICD.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves manifestó que la administración está comprometida contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, el contrabando y el robo.
“Tenemos 24 subastas, que, contario a cualquier otro tipo de negocio, no tienen que reportar absolutamente nada cuando las transacciones se hacen en efectivo; nadie supervisa, nadie vigila”, apuntó Chaves.
Aquí aprovechó para defender una propuestas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para introducir la obligatoriedad de colocar aretes de rastreo en el ganado. Cuestionó que existen sectores que se manifestaron contra el "areteo" del ganado debido a que evitará el robo, reducirá el contrabando de ganado.
