El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía, que desde hace más de 30 años opera a la sombra del Ministerio de Seguridad Pública, desde que, en la práctica, se fusionaron al designar solamente un ministro para ambos.
En ese sentido, el plan señala que el Ministerio de Gobernación perdió su rol y sus funciones recayeron en el de Seguridad Pública. Inicialmente, en cada provincia había un gobernador, que era designado por el titular de Gobernación. Además, a esa dependencia pertenecía la Guardia de Asistencia Rural, que fue desintegrada desde hace varios años.
El proyecto de ley denominado “Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas”, fue introducido a la corriente legislativa por la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández.
Allí se plantea que ese Ministerio “es una suerte de cascarón”, debido a que solo cuenta con la Oficina de Control de Propaganda como dependencia sustantiva, pese a que tiene un amplio desarrollo a nivel asesor y administrativo, aspecto que no es recomendable para una entidad pública.
Sumado a lo anterior, el Poder Ejecutivo señaló que esta cartera, entre otros, carece de una ley orgánica y el sustento jurídico de su creación es una mención que se hace dentro de carteras ministeriales contenidas en el artículo 23 de la Ley General de Administración Pública. Esta norma no define ninguna de sus funciones.
Además, se detalló que no siempre ha logrado cumplir sus funciones de manera efectiva.
“Los argumentos anteriores dejan claro que las competencias que desempeña actualmente el Ministerio de Gobernación y Policía, en muchos casos ya se encuentran cubiertas por otras instituciones públicas o bien, son funciones que otros órganos podrían asumir a la brevedad debido a la coincidencia de sus fines con las responsabilidades que posee el Ministerio en cuestión”, cita el documento.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la Dirección General de la Imprenta Nacional, son órganos desconcentrados del Ministerio de Gobernación y tienen una estructura de desarrollo mayor a esa cartera. También está el Tribunal Administrativo Migratorio.
Orientación más precisa
Entre el 2021 y el 2023, ese ministerio ha tenido presupuestos que rondan entre los ¢6.385 millones y los ¢10.193 millones, para un nivel de ejecución del 84,30% y 92,63% respectivamente.
“En síntesis, el Ministerio de Gobernación y Policía ha perdido su razón de ser y es posible reorientar sus competencias, recurso humano, físico y financiero a obras institucionales existentes, lo cual permitirá que las tareas que se designaron originalmente sean ejecutadas con mayor claridad y con mayor precisión de responsabilidades, y con ello se posibilitará una orientación estratégica más precisa, ágil y eficiente de los recursos y la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo”, agrega el proyecto.
Así, se sugiere: trasladar
- DINADECO y sus competencias al Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).
- La Imprenta Nacional y sus competencias al Ministerio de la Presidencia.
- El Tribunal Administrativo Migratorio y la DGME y sus competencias al Ministerio de Seguridad Pública.
Con ello, solo el Tribunal seguiría siendo un órgano de desconcentración máxima, mientras los demás pasarían a ser órganos de desconcentración mínima. Además, se suprimirían las Juntas Administrativas de la Imprenta nacional y de la DGME.
Por otra parte, el Ministerio de Gobernación es el que aprueba los asuetos por días feriados en Oficinas Públicas por fiestas, pero se recomienda reformar la ley y que se le delegue esa potestad al concejo municipal de cada cantón.
En cuanto a los empleados, Fernández explicó que “por el cierre no se van a quedar sin trabajo. Las plazas que actualmente tienen, se van a reubicar en estricto apego a sus derechos laborales, a los ministerios que asumirían las competencias, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad, al MIDEPLAN y al Ministerio de la Presidencia”.
Junto a Fernández, la iniciativa fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
