La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), de Puntarenas dirigió siete allanamientos como parte de una investigación en contra de un médico psiquiatra, quien, al parecer, cobró dinero por extender incapacidades a trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz.
En contra del sospechoso, de apellidos Mora Ávila, existen cargos por delitos de concusión y, según confirmó la Fiscalía, fue detenido y se analizará toda la prueba disponible.
“El funcionario del Hospital Monseñor Sanabria se apersonó al allanamiento que dirige ese despacho en su consultorio privado en Puntarenas. Otros seis puntos son registrados en este momento en busca de prueba”, informó el Ministerio Público.
Otro de los investigados es un emergenciólogo de apellidos Solís Blanco, quien presuntamente pidió dádivas para referir pacientes a la especialidad de psiquiatría. Las autoridades judiciales registran su vivienda, ubicada en Esparza.
Un tercer sospechoso, apellidado Ibrahain, encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS, es investigado porque al parecer las procesaba en tiempo récord, para que fueran atendidas por Mora.
De acuerdo con la FAPTA, entre los casos que se investigan está el de una persona que pagó ¢150.000 por cada uno de los cuatro meses que estuvo incapacitada.
Asimismo, existen 25 personas que registran incapacidades sospechosas. Algunas de estas cambiaron su dirección física en el EDUS, con el aparente fin de ser atendidas por Mora en Puntarenas, y lograr que este les incapacitara.
“Además de las casas de los dos imputados, se allana el consultorio privado de Mora, en El Roble, los puestos de trabajo de Mora, Solís y Ibrahain, en el Hospital Monseñor Sanabria, y las oficinas de tecnología de información de la Caja Costarricense del Seguro Social, en San José”, informó el Ministerio Público.
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, las autoridades del Hospital Monseñor Sanabria indicaron que los allanamientos se efectuan en áreas de Consulta Externa), por parte de las autoridades de FAPTA en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"Así las cosas y como ha sido característico, esta administración se dispone a colaborar en los requerimientos por parte de las autoridades judiciales; de momento no se brindarán mayores detalles dado que se encuentra en proceso de investigación", detalla el documento.
Según añadieron en el centro médico, la atención ordinaria a pacientes sigue con normalidad.
