Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron tres instalaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE): en las terminales de Moín, y El Alto de Ochomogo así como las oficinas centrales de la entidad, en San José.
En el proceso, detuvieron, entre otros, a dos funcionarios de la entidad, de quienes se sospecha que forman parte de bandas de crimen organizado dedicadas al robo de combustibles.
A la hora de cierre de esta nota, según informó RECOPE, una tercera detención, también de un empleado de la entidad, estaba en trámite.
A los tres funcionarios sospechosos, se les investiga porque, al parecer, facilitaban información clave para la sustracción de combustible.
Dos de los empleados pertenecen al Departamento Portuario y uno al de Distribución Caribe.
Son dos los casos que motivaron 55 allanamientos en los que participaron 650 efectivos del OIJ en Limón y Turrialba, por denunciados en esos cantones.
Las pesquisas judiciales contaron con el apoyo de las autoridades de RECOPE que han interpuesto denuncias ante este tipo de acto ilícito que se lleva a cabo de manera constante.
Además, las inspecciones del OIJ se realizan en las viviendas de los presuntos líderes del crimen organizado.
Entre ambos lugares se pretendía detener a 33 personas, pues una permanece en prisión.
De acuerdo con el OIJ, de ellos, 18 están en San José y 15 en Turrialba. De estos últimos 11 personas han sido detenidas.
La presidenta ejecutiva de RECOPE, Karla Montero, indicó que se busca decomisar información que han estado manejando los funcionarios implicados, tanto externa como internamente.
“Recope, como el principal afectado, está totalmente anuente a colaborar con las autoridades judiciales, con el fin de que se sienten las responsabilidades pertinentes.
“A nivel interno, tomaremos las medidas pertinentes porque no vamos a tolerar casos de corrupción”, afirmó Montero.
Los casos
La intervención judicial que se llevó a cabo en Limón se alinea con una denuncia presentada en marzo del 2023, luego de que la Administración de RECOPE notara que había una diferencia considerable entre la cantidad de combustible que se recibía de los barcos y la que llegaba a los tanques.
El perjuicio económico se calculó en ¢5.000 millones.
Según especificó RECOPE, el monto no se había dado a conocer anteriormente debido a que:
- La extracción del combustible se realizaba en la línea marina, que va del puerto a la terminal, no en el poliducto entre terminales.
- Esa línea estuvo sin sistemas de control y monitoreo hasta abril del 2023, cuando se empezaron a observar movimientos irregulares en ese trayecto y se activó el sistema que no se había puesto en marcha cuando empezó a operar la terminal portuaria 5.0.
- Ante la denuncia, la sospecha de participación de personal interno y la dimensión de la investigación, la información se mantuvo confidencial hasta ahora.
Montero espera que todas las personas detenidas reciban medidas cautelares acordes con la gravedad de los hechos y que a futuro sean sentenciadas conforme a la ley, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de pruebas sólidas.
“RECOPE ha reiterado en múltiples ocasiones su política de cero tolerancia a la corrupción y su compromiso con la transparencia, la integridad del personal de Recope es un valor que nos caracteriza; por lo que no toleraremos que un grupo pequeño de personas dañen a esta Empresa, es por eso que tomaremos todas las medidas legales y administrativas que correspondan contra los que resulten implicados en estos delitos”, puntualizó Montero.
El segundo caso fue presentado por las autoridades de la Refinería, en febrero del 2023 cuando presentó una denuncia tras notar un alarmante incremento en las tomas ilegales de combustible en varias comunidades de Turrialba.
Durante la investigación, se intervinieron más de 80 tomas ilegales, se decomisaron 15 camiones y miles de litros de combustible robado.
Por otro lado, el perjuicio económico entre el 2023 y 2024 se calculó en aproximadamente ¢708,4 millones.
Desarticular bandas
El director del OIJ, Randall Zúñiga explicó que se realizan 54 allanamientos en diferentes puntos del país, con el objetivo de desarticular varios grupos criminales dedicados al robo de combustibles.
Zúñiga subrayó que las organizaciones sustraían de varias formas los combustibles de manera ilegal esto en las cercanías de RECOPE en Moín.
“Todos tienen un denominador común que son que personas de RECOPE facilitaban la extracción ilegal de combustibles en diferentes puntos de la zona”, recalcó Zúñiga.
En Limón sostuvo que se desarticularon tres grupos criminales relacionados con un hombre de apellidos Bell Fernández, con el alias de Macho Coca.
A este se le detuvo meses atrás y entre otros delitos, se le investiga por el robo y venta de combustibles en la zona.
El segundo es de apellido Soto con el alias de “Gordillo”, que tiene varias gasolineras en Horquetas de Sarapiquí y otro en Poás.
La tercera persona es de apellido Salas conocido como Mafia y tiene varios negocios en Guápiles a quien se le intervino e indaga por legitimación de capitales.
“Tiene varios negocios en lo Guápiles y se le intervino por legitimización de capitales y otros negocios como lo es la venta de ropa, con lo que es también, en apariencia préstamos de trámite rápido y también unas bodegas”, acotó Zúñiga.
Añadió que “este sujeto alias Mafia, en una investigación lo vimos vinculado con Macho Coca y varias personas del grupo criminal de RECOPE que lo que hacía era reunirse en un predio en particular y tenemos documentado también la venta de combustibles a través de cisternas que también logramos materializar en varios casos”.
Mientras tanto, en Turrialba que se buscaba detener a dos personas que figuran como cabecillas de grupos criminales en el cantón que también robaban combustibles a través de los ductos que salen de Limón hacia San José, donde extraían los hidrocarburos.
