La Contraloría General de República (CGR) encontró una serie de deficiencias durante una evaluación sobre la Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, a 275 instituciones públicas auditadas.
El estudio corresponde al 2024, y en el se analizó la capacidad de planificar, adquirir, administrar, dar seguimiento y evaluar los bienes y servicios requeridos para su operación. En total se ejecutaron ₡6.490 millones.
De acuerdo con la Contraloría, esta revisión es fundamental para asegurar que se esté realizando una gestión integral y estratégica, con un control efectivo que garantice servicios públicos de calidad y alineados con las necesidades reales de la población así como promover mejoras en sus condiciones de vida.
Entre los hallazgos, el Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios reveló que 6 de cada 10 instituciones públicas aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que necesitan para funcionar.
Esta situación no necesariamente refleja inacción, sino brechas estructurales que dificultan una gestión moderna, integrada y orientada a resultados. Lo cual implica una necesidad urgente de mejora que requiere el esfuerzo conjunto de diversos actores clave que participan en la gestión de bienes y servicios.
Aunque un 36% de las entidades ha logrado consolidar prácticas más estructuradas, el 64% restante opera con niveles de madurez considerados iniciales o básicos. Esto refleja que aún faltan políticas claras, planificación anticipada, seguimiento efectivo y controles que garanticen un uso eficiente de los recursos públicos, señala el informe.
También la CGR sostiene que existen instituciones que no cuentan con una estrategia que guíe lo que compran. Esto genera compras fragmentadas y una mayor probabilidad de adquirir bienes o contratar servicios innecesarios o mal definidos.
Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas instituciones pierden visibilidad sobre lo que sucede. Esto genera mayor probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, servicios que no cumplen con lo pactado y decisiones tomadas sin información confiable.
Además, no necesariamente refleja inacción, sino brechas estructurales que dificultan una gestión moderna, integrada y orientada a resultados.
Sus consecuencias, sin embargo, son evidentes en criterio de la CGR: compras que no responden a necesidades reales cuando solo 56,0% de las entidades monitorea sus necesidades de bienes y servicios; bienes sin mantenimiento debido a que el 64,4% carece de un plan de mantenimiento preventivo; y contratos sin supervisión, dado que el 73,5% de las instituciones no tiene mecanismos para determinar y maximizar el desempeño de los contratos.
Además, se han detectado carencias importantes en la disposición de controles internos y en la prevención de la corrupción, debido a que el 27,3% de las instituciones no cuenta con una normativa y procedimientos internos para la adquisición, el 71,3% no gestiona riesgos y 54,2% no implementa controles anticorrupción.
Desde el punto de vista del ente contralor existen instituciones que gestionan sin red de protección. La ausencia de controles, especialmente para prevenir corrupción o el uso indebido, pone en riesgo los recursos públicos, aumenta la exposición a irregularidades, impide anticiparse a amenazas y compromete la confianza en la gestión pública.
La gestión de bienes y servicios en las instituciones públicas presenta brechas significativas. Actualmente, se enfoca la atención solo en el momento de la compra, dejando de lado que es un proceso mucho más amplio que incluye la planificación, el uso y el seguimiento de esos bienes y servicios.
Esta visión limitada no solo impide aprovechar al máximo el dinero público, sino que también debilita la capacidad del gobierno para brindar servicios de calidad a la ciudadanía.
La falta de normas claras, una gestión de riesgos insuficiente y la ausencia de información de calidad para tomar decisiones, dificultan detectar a tiempo posibles irregularidades.
Esto no solo expone los recursos de todos los ciudadanos a un uso indebido, sino que también limita la capacidad de las instituciones para anticiparse a los problemas y actuar de forma oportuna.
Para que las instituciones sean más eficientes y el dinero público se invierta con mayor impacto, es fundamental adoptar un enfoque más estratégico y completo en la gestión de bienes y servicios.
