La Defensoría de los Habitantes planteó ante el Ministerio de Salud una serie de observaciones sobre una reforma propuesta por el Laboratorio de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que generaría una modificación del Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
En la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencia, (ANC, entidad gubernamental que es un foro permanente de discusión y análisis científico), expusieron que el reglamento afectara la salud por los cambios en los valores máximos admisibles de residuos de plaguicidas, así como por su impacto en la salud pública y el agua para consumo humano.
Según la ANC, la intención de sustituir el valor máximo admisible de plaguicidas en el agua por un valor de alerta, atenta contra el principio precautorio de protección a la salud, ya que la propuesta incrementa los límites permitidos para estas sustancias, lo cual implica una flexibilización de los estándares previamente establecidos, en contraposición con el principio de no regresión de los derechos humanos.
El cambio permitiría la distribución de agua contaminada hasta que se realicen análisis de riesgo para definir nuevos parámetros. Ello podría normalizar niveles de contaminación que, antes de la reforma, habrían requerido acciones inmediatas para proteger la salud pública.
Desde la Defensoría indican que la definición de los valores de alerta podría retrasarse debido a las limitaciones en capacidad técnica del laboratorio del A y A.
De acuerdo con la Defensoría, la incapacidad se debe a no contar con los instrumentos ni los recursos económicos suficientes para evaluar los análisis químicos en las fuentes locales de agua, dejando a las comunidades sin resultados de la salud del recurso hídrico.
Además, pone en evidencia a la mayoría de las ASADAS que carecen de los recursos y conocimientos técnicos necesarios para responder adecuadamente ante la contaminación.
La Defensoría considera que esta reforma viola las resoluciones de la Sala Constitucional sobre la necesidad de medidas preventivas y parámetros estrictos para proteger el derecho a la salud y a un ambiente sano.
Por ello solicitó al Ministerio de Salud que informe sobre el estado actual del proceso de la reforma reglamentaria.
Así como la incorporación de las observaciones recibidas en el proceso de consulta y la justificación emitida en caso de no ser acogidas, con su debida respuesta a la persona consultante.
