Defensoría apoya que bancos asuman responsabilidad ante fraudes electrónicos
Un proyecto de ley que define la responsabilidad de las entidades financieras estatales y privadas en los casos de sustracción de dinero de las cuentas de sus clientes, recibió el visto bueno de la Defensoría de los Habitantes.
Se trata de una iniciativa que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa para modificar el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
Ello, con el fin de que, dentro del Régimen de responsabilidad, se disponga que las entidades financieras públicas o privadas, respondan independientemente de la existencia de culpa, por los daños y perjuicios ocasionados por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas.
A criterio de la Defensoría, esta reforma constituye una respuesta para los clientes bancarios que han sido víctimas de estafas, porque promueve acciones asertivas por parte de las instituciones financieras.
En los últimos años, clientes del sistema bancario víctimas de estafas, denunciaron haber recibido malos tratos por parte de las entidades bancarias, que les negaron información y otras consideraciones, particularmente en el caso de personas adultas mayores.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2021 y 2022, las denuncias por estafas bancarias crecieron un 43,6%, al pasar de 5.528 a 7.938. El perjuicio económico de esta actividad delictiva fue de más de ¢4.300 millones de colones.
Con el fin de atender esta situación, la Defensoría solicitó también a la SUGEF, tal y como se hace con la información sobre suficiencia patrimonial, garantizar a los clientes información sobre las condiciones de seguridad de las plataformas de los bancos del Estado, de conformidad con la normativa que rige la materia emitida por el CONASSIF.
La entidad considera urgente la aprobación del proyecto de ley y, además, le hizo un llamado a las autoridades del Sistema Bancario a tomar acciones en la misma dirección.
Para la Defensoría, la premisa de la iniciativa es que las entidades financieras deben tener a los clientes como “sujetos de protección” ante los fraudes electrónicos. Hasta el día de hoy son re-victimizados, y los plazos son totalmente irrazonables.
Además, reiteró a la SUGEF la necesidad de brindar información con el fin de que, como “consumidor financiero”, el cliente pueda escoger el Banco que brinde mayor protección de TI a sus intereses.