La Defensoría de los Habitantes empezó una investigación sobre el posible impacto financiero que generará un eventual traslado de los funcionarios públicos de la modalidad de salario compuesto (base más pluses) al esquema de salario único global.
En este sentido, la Defensoría solicitó información al Viceministerio de Empleo Público del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
Pidió que se le especificara cuál sería el efecto neto en el comportamiento del Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros rubros laborales del Sector Público “ya que es importante que se visibilice el resultado en los ingresos tributarios”.
“Además, se consultó cómo impactaría la modificación planteada en el supuesto de partida, en el marco fiscal a mediano plazo, de 2025-2029, según el escenario base, considerando la eventualidad que todas las personas funcionarias del Gobierno Central, incluidos los órganos desconcentrados, así como las instituciones descentralizadas no empresariales, migren al esquema de salario único en relación con la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); déficit fiscal como proporción del PIB, el incremento total estimado para el presupuesto nacional, tanto en términos nominales como porcentuales”, informó la Defensoría.
Asimismo, la entidad solicitó el detalle del número de funcionarios del sector público que actualmente se encuentran bajo la modalidad de salario compuesto y salario global, desglosadas entre el Gobierno Central (incluyendo órganos desconcentrados) e instituciones descentralizadas no empresariales.
La entidad realizó las consultas en diciembre anterior al Ministerio de Hacienda y la respuesta fue que la información requerida se encontraba en proceso de elaboración por parte de MIDEPLAN, como órgano rector en materia de empleo público.
