Para el Colegio de Médicos, el decreto con que el Poder Ejecutivo decretó emergencia sanitaria ante la renuncia de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “presenta violaciones evidentes y manifiestas al ordenamiento jurídico y constituye una desviación de poder, un acto arbitrario y absolutamente nulo”.
Así lo señaló el Colegio de Médicos y Cirujanos, que sostiene que, si bien el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud, eso no significa que pueda “invadir las funciones específicas de los órganos” ni mucho menos de otros entes públicos no estatales como el propio Colegio, que tiene autonomía administrativa y legal.
“Pretender la aplicación del decreto, desemboca en una violación al principio de legalidad, por violación al principio de juridicidad que obliga al Estado y todos sus órganos a someterse a la ley y al ordenamiento jurídico; es decir, se le prohíbe al Poder Ejecutivo sancionar normas inconstitucionales e ilegales como el presente decreto amparado en una situación previsible y evitable”, detalló el Colegio de Médicos.
Añadió que “este último aspecto prueba adicionalmente la arbitrariedad de la que padece el decreto, pues de ninguna manera un acto, aunque fuese previsible, pero por su génesis evitable, constituiría una situación que permita la emisión de un decreto de emergencia sanitaria para cancelar o suspender la aplicación del control del colegio como se pretende, pues la inacción de la administración tampoco es justificación legal para decretar una emergencia amparada a un decreto cuyas normas son inferiores a las de la ley Orgánica del Colegio”.
Más violaciones
Para el Colegio de Médicos, el decreto violentó también el principio de inderogabilidad singular de las normas, pues permite exenciones y omisión de requisitos a médicos no autorizados, lo que lesiona el principio de igualdad de todos aquellos profesionales, incluidos los extranjeros que se sometieron al proceso de incorporación y obtuvieron su autorización para el ejercicio de sus especialidades.
“Todo lo anterior en detrimento del interés público, dado que este tipo de excepciones lejos de proteger a la salud pública atentan contra ella; es decir, si el Colegio no puede realizar las funciones de control, regulación y vigilancia del ejercicio profesional a médicos no autorizados por el Colegio para ejercer, pero que a partir de una dispensa amparada por normas ilegales son asignados por la CCSS a la atención de los servicios de salud, el riesgo lo correrá el paciente que no tiene garantía de la idoneidad del profesional que lo atiende.
“Esto último constituye también una violación al principio constitucional de idoneidad, pues esos médicos atenderían gran cantidad de pacientes sin la garantía del colegio, que es garante de este principio de idoneidad técnica”, apuntó la entidad.
Agregó que esta semana autorizó a 20 especialistas que ingresarán a la CCSS y que, en coordinación con la Gerencia Médica, la próxima semana estarían autorizándose 60 especialistas del programa de la Universidad de Costa Rica (UCR) y se esperan otros 12 de una universidad privada.
Los 92 médicos son de especialidades como: anestesiología y recuperación, ginecología y obstetricia, cirugía general, infectología, neonatología, ortopedia y traumatología, pediatría, cardiología, medicina familiar y comunitaria, medicina interna entre otros.
“Lo señalado añade un argumento más que demuestra la ilegalidad del decreto de emergencia sanitaria, el cual, frente al inminente ingreso de todos estos profesionales debidamente autorizados por este colegio profesional en cumplimiento de sus deberes y obligaciones, sí cuentan con los requisitos de idoneidad para el ejercicio de sus disciplinas garantizando la atención médica con la calidad que la población se merece”, recalcó el Colegio.
Según datos recientes de la CCSS, un total de 71 médicos renunciaron a la entidad. Ante la posibilidad de que a partir del 15 de diciembre aumente la cantidad de dimisiones, la Caja implementó un plan para garantizar la continuidad de los servicios, que está compuesto por varias estrategias y tendrá un costo inicial de ¢8.186 millones durante seis meses.
