La reducción sostenida de la inversión pública en programas dirigidos a la niñez y adolescencia está comprometiendo el desarrollo futuro de Costa Rica, según el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA).
La entidad advirtió que los recortes en áreas clave como vivienda, nutrición y transferencias monetarias no solo afectan el bienestar inmediato de niñas, niños y adolescentes, sino que generan rezagos de largo plazo en salud, educación, productividad y oportunidades económicas para el país.
Un informe del INEINA, titulado “Recortes en niñez frenan el desarrollo futuro del país” se sustenta en una amplia revisión de más de 100 estudios internacionales que analizan el impacto de programas sociales sobre el desarrollo infantil y adolescente. La evidencia, según el Instituto, es consistente y contundente: invertir en niñez no es un gasto, sino una inversión estratégica con retornos económicos y sociales comprobados.
En materia de vivienda, el análisis señala que el acceso no debe limitarse a la tenencia de un techo, sino que debe considerar la calidad estructural y el entorno.
Factores como humedad, ventilación deficiente, materiales inadecuados, hacinamiento e inestabilidad residencial inciden directamente en la salud física y mental de las personas menores de edad, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, estrés crónico y dificultades para el descanso y el estudio.
El informe también advierte que cuando el costo de la vivienda supera el 35% del presupuesto familiar, se reduce la capacidad de los hogares para invertir en alimentación, educación y salud infantil.
En cuanto a nutrición, destaca que programas como los comedores escolares, así como las estrategias de fortificación y suplementación alimentaria, tienen efectos positivos comprobados sobre la matrícula, la asistencia escolar, la reducción de la anemia y los déficits de micronutrientes.
Estos impactos se traducen en mejoras en la salud, la capacidad cognitiva y el desarrollo físico. Además, la evidencia internacional muestra que las intervenciones nutricionales son más efectivas cuando se articulan con políticas de salud, educación y acceso a agua potable y saneamiento.
Respecto a las transferencias monetarias, el informe resalta que los programas de apoyo económico a familias, especialmente cuando son condicionados, generan beneficios directos para niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales efectos se encuentran un mayor acceso a alimentos, la posibilidad de adquirir útiles escolares y otros bienes educativos, un mayor uso de servicios preventivos de salud y una mejora en la matrícula y permanencia escolar. El diseño del programa es clave: la evidencia indica que entregar las transferencias a las madres suele producir mejores resultados que hacerlo a los padres.
El documento también pone el foco en la situación costarricense y las señales de alerta que se han acumulado en los últimos años.
De acuerdo con INEINA, las políticas de control del gasto aplicadas recientemente han tenido un impacto directo sobre los programas sociales. Un ejemplo es el programa Avancemos, administrado por el IMAS, que sufrió una reducción presupuestaria del 15% entre 2020 y 2025, equivalente a ₡15.679 millones menos.
Esta caída representa, en términos prácticos, alrededor de 57 mil estudiantes menos dentro del sistema, si se traduce en becas educativas.
A esto se suma que los montos de las transferencias no han sido actualizados pese a que la inflación acumulada en el mismo periodo ronda el 9%, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo de las ayudas.
Por ejemplo, el presupuesto real de los comedores escolares en 2025 se mantuvo prácticamente al mismo nivel que en 2020. La disminución de la población beneficiaria no se tradujo en mejoras en la calidad o variedad de los menús, sino en ahorros fiscales.
El informe señala que Costa Rica enfrenta un déficit estimado en 145 mil viviendas, cifra que podría superar las 700 mil, si se consideran criterios de calidad.
Además, la entrega de Bonos Familiares de Vivienda ha disminuido en comparación con el periodo 2014–2020, profundizando las dificultades de acceso a una vivienda adecuada para miles de familias con personas menores de edad.
Estos recortes se producen en un contexto ya marcado por la vulnerabilidad. Cerca del 30% de las personas menores de 15 años vive en pobreza, lo que equivale a unos 257 mil niños, mientras que alrededor de 75 mil habitan en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta alimentaria básica.
En salud-nutrición, aunque la subalimentación es relativamente baja, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema creciente: 31,7% de la población entre 5 y 19 años presenta esta condición, según datos de UNICEF.
En vivienda, el informe subraya que 45% de los niños vive sin vivienda propia o en condiciones de infraestructura regular o mala, lo que convierte a esta población en una de las más afectadas por el déficit habitacional.
El INEINA concluye que recortar o debilitar las políticas dirigidas a la niñez es un error de desarrollo, pues los rezagos en la infancia tienden a persistir a lo largo del tiempo y a transmitirse entre generaciones.
Lejos de reducir la inversión social, el informe recomienda sostener y fortalecer estos programas, mejorando su diseño, focalización, estándares de calidad, pagos oportunos y mecanismos de evaluación de resultados.
Invertir en niñez y adolescencia, subraya el informe, no solo es una decisión ética, sino una apuesta económica y socialmente responsable para garantizar el desarrollo sostenible de Costa Rica en el largo plazo.
