Dan seis meses al AyA para definir futuro de alcantarillado de San José

Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron a las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que, en seis meses, tenga un informe sobre el estado del proyecto de alcantarillado, saneamiento y agua potable de San José.

Se trata de las obras del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PMAMSJ) que integra al Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), cuya unidad ejecutora fue cerrada en diciembre anterior, a falta de $250 millones.

Los magistrados declararon parcialmente con lugar, un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA), que denunció que la administración no quería seguir con el proyecto, debido a que consideró que no se tomaron acciones para financiar la obra que beneficiará a más de un millón de personas de 11 cantones.

Las autoridades del AyA señalaron a los magistrados que se “está elaborando un informe con el estado de los proyectos y cuando se finalice este análisis se procederá a informar lo que corresponda”.

Según estimaron los magistrados, dada la importancia del proyecto y ante la incertidumbre respecto a la forma en que se continuará, “dados los obstáculos financieros que el mismo Instituto recurrido admite y que han llevado a la necesidad de la elaboración de un informe con el estado de los proyectos, con el fin de establecer la toma de decisiones respecto a estos”, las autoridades institucionales deberán concretar las evaluaciones.

A criterio de la Sala IV no se extrae del informe rendido por el AyA que exista una fecha cierta para la finalización de la confección del documento al cual hace referencia en su respuesta y que permita, considerar que la ejecución del proyecto no sufrirá mayores contratiempos.

“Se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente ejecutivo y a María Alejandra Mora Segura, gerente general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes en sus lugares ejerzan dichos cargos, que dentro del ámbito de sus competencias, giren las órdenes necesarias, realicen las acciones y coordinaciones que correspondan, para que en el plazo de SEIS MESES, contados a partir de la notificación de esta resolución, finalicen la elaboración del documento y plan de acción que se informa a esta Sala”, dice el Por Tanto de la sentencia emitida el 20 de enero anterior.

Sobre el tema, el secretario general del SITRAA, Mario Rodríguez dijo que tanto la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Junta Directiva, acordaron el cierre de la Unidad Ejecutora del PAPS.

“Como lo ha dicho la Sala Constitucional debe hoy, el AyA, tener un plan de contingencia de cómo resolverá la interconexión de más de 60.000 personas que se quedan esperando el alcantarillado sanitario, pero además, cómo resolverá el AyA el darle agua a zonas vulnerables cuando la unidad ejecutora PAPS era la que tenía mayor porcentaje de concentración en obras de infraestructura y de ejecución en la institución”, aseveró Rodríguez.

En diciembre anterior, el AyA puso en pausa el proyecto de alcantarillado sanitario de San José.