Un déficit habitacional y la falta de planificación territorial mantienen en jaque a miles de familias costarricenses, concluyó un estudio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre el sector de la construcción.
En el estudio “Balance de la Situación y Tendencias del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 2024”, los expertos advirtieron que el país enfrenta una de sus mayores deudas sociales: el acceso a una vivienda adecuada.
Agregan que, pese al crecimiento económico del 4,3% en 2024 y la generación de más de 112.000 empleos, las oportunidades de acceso a la vivienda no han mejorado.
Adicionalmente, se otorgaron menos bonos de vivienda y las condiciones de crédito no mostraron un avance significativo. En su cálculo tradicional, el déficit habitacional se estima en 145.184 unidades. Sin embargo, al incorporar las viviendas en condición regular, la cifra asciende a 718.495, lo que representa el 40% de los hogares costarricenses.
El informe indica que las desigualdades y obstáculos se concentran mayormente en la Región Huetar Caribe, donde la necesidad de vivienda nueva ronda el 12,3% de los hogares.
Aunque el 97% de las casas reporta acceso a agua potable, las interrupciones constantes y la mala calidad del servicio generan denuncias frecuentes.
El estudio también señala que entre 2022 y 2024 se dejaron de entregar más de 9.000 bonos familiares de vivienda, lo que equivale a suspender un año completo de inversión en este subsidio.
Franklin Solano, investigador y coautor del capítulo de indicadores de vivienda, explicó que el 19% de los hogares vive en casas de alquiler, con casi la mitad de estas viviendas ocupadas por jóvenes de 15 a 39 años, principalmente en las zonas urbanas.
“El déficit habitacional no es solo una cifra fría: detrás de esos números hay familias que viven en condiciones inadecuadas y comunidades enteras que siguen esperando soluciones. Necesitamos políticas más focalizadas y territoriales para atender estas desigualdades”, afirmó Solano.
Otro de los problemas que se destacan en el análisis es que el suelo es caro en la Gran Área Metropolitana. El precio promedio del metro cuadrado es de $285, pero puede llegar hasta $1.837 en zonas céntricas, lo que encarece los proyectos de vivienda asequible.
Asimismo, se advierte que la falta de planificación se suma a los problemas, ya que solo 44 de los 84 cantones cuentan con planes reguladores vigentes, muchos de ellos obsoletos, lo que debilita la capacidad de ordenar el crecimiento urbano.
Propuestas para transformar la realidad habitacional
- Fortalecer la rectoría del Ministerio de Vivienda y crear un Banco de Suelo Urbano.
- Implementar un bono de alquiler social y programas de leasing habitacional.
- Declarar la vivienda social como infraestructura prioritaria, agilizando trámites en instituciones públicas.
- Ampliar el financiamiento para la clase media, incluso mediante bonos sociales de inversión, junto con rediseñar los bonos familiares para que sean más sostenibles (recuperar total o parcialmente la inversión realizada) y focalizarlos en territorios de mayor necesidad.
Solano concluyó el informe con un llamado urgente: “El derecho a la vivienda adecuada sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. El crecimiento económico no basta si no se traduce en hogares seguros, inclusivos y asequibles”.
Por su parte, la presidenta del CFIA, Rita Arce, explicó que “somos conscientes de la importancia de fortalecer la vivienda en nuestro país, y sobre todo, de ampliar el acceso y las opciones para las poblaciones más desatendidas”.
Puntualizó que dentro del estudio se señala una gran desigualdad en la cantidad de construcciones que existen en los distritos del país, por lo que es un tema que debe atenderse.
Entretanto, el presidente de la Fundación Gestionando Hábitat ORG, Minor Rodríguez, quien formó parte del estudio, subrayó el papel estratégico de la investigación para la toma de decisiones.
“No basta con crecer económicamente; debemos transformar ese crecimiento en bienestar social, en hogares seguros e inclusivos para la gente”, apuntó.
Finalmente, en el CFIA esperan que este documento fomente la discusión pública para generar consensos entre instituciones, municipalidades y sociedad civil, con el fin de garantizar un futuro con hogares dignos para todas las familias costarricenses.
