Costa Rica muestra amplia brecha de riesgo y preparación ante emergencias

Los costarricenses perciben al país como altamente vulnerable y con escasa preparación para enfrentar un desastre natural. Así lo confirma el estudio “Participación ciudadana en la gestión integral del riesgo de desastres en Costa Rica 2025”, elaborado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA).

En el informe se revela que ocho de cada diez ciudadanos consideran que el país está “poco o nada preparado” para responder ante una emergencia mayor, Los datos muestran un panorama complejo por el poco conocimiento sobre la ley que regula la prevención del riesgo.

De acuerdo con el IDESPO, la baja participación en actividades de preparación y la ausencia de comités comunales de emergencia en más de la mitad del país se suman a la exposición a diferentes tipos de amenazas naturales. Y mientras, la población estima que la responsabilidad de la gestión del riesgo recae principalmente en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las organizaciones locales y en las mismas personas.

Según el estudio, 71,4% de las personas cree que el país está “poco preparado” y un 9,9% “nada preparado” para enfrentar un desastre. Solo 18,7% considera que Costa Rica sí posee la capacidad suficiente para ello.

Entre las razones para esa percepción destacan la falta de preparación ante eventos naturales (28,6%), el mal desempeño de las instituciones encargadas (10%) y la ausencia de recursos económicos (9%).

La investigación también encontró grandes brechas de conocimiento: dos de cada 10 personas no pueden definir el concepto de gestión integral del riesgo, y apenas un 20,9% lo asocia con “planificación y preparación”.

En cuanto a las amenazas naturales, los terremotos encabezan la lista de riesgos reconocidos por la población (76,4%), seguidos por huracanes (61,2%), tornados (56,9%), incendios forestales (44,7%), inundaciones (39,5%), cabezas de agua (36,7%) y deslizamientos (36,7%). Solo un 7,6% mencionó el riesgo de tsunami.

Dentro de los hogares, la mayoría cuenta con insumos básicos como focos con batería (73,8%), botiquín (54,4%), dinero en efectivo (43,4%) y kits de suministros (43,6%). Sin embargo, apenas tres de cada diez familias tienen un plan de emergencia, lo que refleja, según los investigadores, que “las personas se encuentran más preparadas con artículos cotidianos, pero no con mecanismos de planificación”.

Llama la atención que 90,3% desconoce la existencia de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, pese a ser la norma que establece las acciones para reducir la pérdida de vidas y mitigar impactos sociales.

Baja participación comunitaria y brecha entre expectativas y acción

Aunque 98,9% de la población considera que la CNE debe liderar la gestión del riesgo y 93,4% reconoce el papel de las organizaciones comunitarias, los niveles de participación real muestran una desconexión profunda entre expectativa y acción.

Más de la mitad de los encuestados (51,2%) señala que en su comunidad no existen Comités Comunales de Emergencia (CCE), mientras que un 21,8% lo desconoce. Solo el 27,1% tiene uno activo en su barrio o distrito.

El panorama no mejora en la participación directa:

• 50% no ha participado en simulacros.
• 63,1% nunca ha tomado una capacitación sobre riesgos naturales.
• 8 de cada 10 personas no es parte de ningún comité comunal.

Los jóvenes entre 18 y 34 años son quienes más participan en simulacros (40,6%), posiblemente debido a la adopción del Día Nacional del Simulacro en 2019, que fortaleció la cultura de prevención en centros educativos y lugares de trabajo.

Al evaluar a las instituciones, el estudio muestra que las más valoradas son las de carácter técnico:

• Ovsicori obtiene 85,6% de opinión “clara” y 87,1% “accesible”.
• Red Sismológica Nacional (RSN) recibe 78,1% y 86%, respectivamente.
• La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE, en cambio, obtiene las calificaciones más bajas: 69,9% “clara” y 75,4% “accesible”.

El informe concluye que la prioridad nacional debe centrarse en fortalecer y reactivar los Comités Comunales de Emergencia, así como en ampliar la capacitación y socialización en los territorios para que la población comprenda su rol y pueda integrarse efectivamente en la gestión del riesgo.