Costa Rica avanza hacia un proceso de envejecimiento demográfico acelerado para el cual no ha construido una respuesta estatal integral, advirtió la Universidad Nacional (UNA) a partir de un análisis territorial con proyecciones al 2050.
De mantenerse las tendencias actuales, una de cada cuatro personas será adulta mayor, sin que el país haya desarrollado infraestructura, servicios ni políticas públicas acordes con esa transformación.
El estudio, elaborado por Lidia Orias, del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio (PROGOT) de la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA, se apoya en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y evidencia un desfase entre la velocidad del cambio demográfico y la capacidad de planificación pública.
“El envejecimiento no es una posibilidad, es una certeza demográfica”, subrayó la investigadora.
Las proyecciones muestran que la población adulta mayor pasará de 600 mil personas en 2025 a cerca de 1,33 millones en 2050, mientras la población en edad de trabajar se reducirá.
Esto elevará el índice de dependencia a 39 personas adultas mayores por cada 100 personas en edad laboral, una relación que tensionará los sistemas de salud, cuidados y pensiones, en un contexto de baja natalidad actualmente cercana a 1,19 hijos por mujer y pérdida de población joven.
El análisis territorial revela que el envejecimiento será generalizado pero desigual. Aunque 77 de los 84 cantones superarán el 21% de población adulta mayor, el impacto será mayor en territorios que combinan envejecimiento rápido con condiciones socioeconómicas desfavorables, como Nicoya, Nandayure, Hojancha o Buenos Aires.
En estos cantones, la limitada cobertura de servicios y la exclusión histórica amplifican el riesgo de empobrecimiento en la vejez.
Incluso regiones tradicionalmente asociadas a la longevidad, como la Zona Azul de Nicoya, enfrentan un cambio de perfil: aumento de enfermedades crónicas, pérdida de autosuficiencia alimentaria y encarecimiento del costo de vida.
Para 2050, San José será el cantón con mayor índice de envejecimiento, con 357 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años.
El estudio también pone en evidencia un rezago estructural en la planificación urbana. Aceras inaccesibles, transporte público inadecuado y viviendas no adaptadas limitan la movilidad y autonomía de las personas adultas mayores, reforzando procesos de aislamiento y dependencia.
A esto se suma la falta de previsión en servicios de salud especializados y personal en geriatría.
Para Orias, el principal obstáculo no es técnico, sino político. La lógica de planificación a corto plazo impide asumir decisiones estratégicas basadas en proyecciones demográficas.
El análisis concluye que, sin una política pública territorializada, de largo plazo y con enfoque en equidad, el envejecimiento acelerado podría traducirse en mayores niveles de vulnerabilidad social y presión institucional.
Aun así, la investigadora insiste en que el margen de acción existe, siempre que el país actúe ahora y no cuando el cambio demográfico ya sea irreversible.
