Póliza para jerarcas generó desacuerdo a lo interno del Ejecutivo
La contratación de una póliza en favor de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo para cubrirlos en casos de denuncias en su contra, generó desacuerdos importantes a lo interno de la administración del presidente Rodrigo Chaves.
Todo, cuando entre los ministros y los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, varios se manifestaran en contra de la iniciativa, según información a la que tuvo acceso www.despertar.cr..
El tema fue analizado varias veces en las sesiones del Consejo de Gobierno, sin que a lo largo de algo más de un año se pudiera avanzar en su concreción.
La inconformidad con respecto a la póliza surgió a raíz de una serie de problemas que algunos temían que iba a generar. Además, los que se oponían eran del criterio de que cada quien debía comprar su propia póliza de responsabilidad civil si tuviera interés.
La póliza que se pretende contratar, sería para cubrir al presidente de la República, Rodrigo Chaves, los vicepresidentes, los ministros y los viceministros, así como los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta aseguró que contempla el pago de servicios legales en casos judiciales a los que podrían incurrir por posibles denuncias a partir de las decisiones que tomen en el ejercicio de sus cargos.
El funcionario añadió que, la decisión de contratar la póliza se basó en un criterio emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) que estableció que la Ley Reguladora del Mercado de Seguros le permite al Estado contar con los seguros que necesite para su funcionamiento.
Sin embargo, conforme con el cartel publicado por la administración, la contratación incluye componentes que no tienen nada que ver con el ejercicio de defensa, como por ejemplo, servicios de relaciones públicas.
Antes los cuestionamientos que surgieron alrededor de la contratación, cuyo monto supera los ¢248 millones, Acosta manifestó que se hará una nueva consulta al abogados del Estado.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, aseguró que el 95% de la póliza que se pretende se cedería a un reasegurador, y garantizó que su aplicación no afectará a la empresa.
Al parecer, esa firma reaseguradora es la misma de capital inglés con la que el INS tuvo un conflicto en el pasado, y que por varios años estaba imposibilitada de contratar con la empresa estatal.
Y, en todo caso, si esta no atiende un reclamo, el INS tendría qaue hacerse cargo de lo que ase haya resuelto en los tribunales.