Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) al Poder Judicial detectó graves deficiencias en el control del gasto en remuneraciones, como parte de una evaluación complementaria a la opinión adversa sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2024.
El documento destaca problemas relacionados con la escala salarial global aprobada por la Corte Suprema de Justicia, así como con el pago de incapacidades al margen del marco legal vigente.
La auditoría encontró entre sus hallazgos una escala salarial incompleta y sin respaldo técnico para 528 personas, las cuales reciben un salario global diferenciado sin trazabilidad técnica, mientras que se registraron 3.433 movimientos de personal durante el año anterior con dudas sobre la correcta asignación de esos salarios.
Según la CGR, esta situación vulnera principios básicos de legalidad y eficiencia en el uso de los fondos públicos, por pagos indebidos por incapacidades ya que se detectó que el Poder Judicial paga el 100% del salario a su personal durante las incapacidades, sin realizar primero el ajuste correspondiente al subsidio que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta práctica ha generado pagos en exceso que obligaron a la institución a iniciar procesos de recuperación de los dineros girados de más.
Desde la Contraloría subrayaron que es urgente corregir estas prácticas para garantizar la transparencia y sostenibilidad del gasto en el Poder Judicial. Asimismo, advirtieron que el uso de una escala salarial sin sustento técnico pone en riesgo la legalidad de los pagos y podría dar pie a responsabilidades administrativas.
La gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Gobernanza de la CGR, Falon Arias señaló que se han aplicado procesos de recuperación para el reintegro de los pagos en exceso. Sin embargo, ₡7.468 millones de colones en cargas patronales han sido declaradas incobrables.
La entidad reiteró que el cumplimiento estricto del marco legal es indispensable para asegurar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
En cambio, el Poder Judicial sostiene que los pagos y los movimientos de personal fueron reportados correctamente al quedar debidamente registrados en el sistema institucional.
Cada caso cuenta con respaldo sobre el tipo de régimen salarial aplicado (salario global o compuesto), y esta información fue entregada en tiempo y forma a la CGR, conforme con lo requerido durante el proceso de auditoría, informó.
Sobre las 519 personas que supuestamente recibieron pagos de más durante el 2024, el Poder Judicial dijo que estos pagos no son adicionales, sino que responden a factores relevantes activados por situaciones laborales específicas y temporales.
Además, asegura que se trata de compensaciones condicionadas a circunstancias objetivas, que se reconocen conforme con el marco jurídico interno del Poder Judicial, que la Ley Marco de Empleo Público no contempla expresamente, al tratarse de condiciones particulares no generalizadas.
Finalmente, el Poder Judicial aseguró que ha mantenido una postura abierta y proactiva durante todo el proceso de auditoría, reiterando el compromiso con la mejora continua, el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento estricto del marco legal, con la colaboración plena con los órganos de control.
