Contraloría detecta mediación de RACSA para evadir licitaciones públicas

La Contraloría General de República (CGR) encontró irregularidades en varias contrataciones realizadas por instituciones públicas con Radiográfica Costarricenses S.A. (RACSA).

Detectó que RACSA fue contratada bajo la excepción de contratación directa entre entes de derecho público, pero para cumplir con los requerimientos, la empresa del Grupo ICE recurrió a la figura de asociación empresarial con empresas privadas.

En la Contraloría señalan que, pese a que la ley posibilita esos contratos directos, la opción se limita a que la institución contratada (en este caso, RACSA) pueda hacer el trabajo por sí misma, dentro de su marco competencial y normativo.

Como consecuencia de las anomalías detectadas la Contraloría ordenó ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha, conforme con el ordenamiento jurídico aplicable.

Las órdenes de suspensión fueron dirigidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural, la Junta de Protección Social, la Asamblea Legislativa, y la Municipalidad de San José.

A RACSA en cambio, se le ordenó que desista del uso indebido de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público. Al contratar empresas privadas para cumplir con esos contratos, Radiográfica y las entidades contratantes incumplieron esa norma.

La Contraloría señaló que Radiográfica solo puede realizar contratos de esta naturaleza cuando pueda llevar a cabo por sí misma el objeto contractual, conforme a sus competencias legales, evitando recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación directa, permitiendo de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales.

De acuerdo con la investigación de la CGR, el uso indebido de este mecanismo no solo es contrario a la legislación vigente, sino que también vulnera el principio constitucional que exige al Estado contratar bienes y servicios mediante licitaciones públicas.

Estas medidas se usan para asegurar la transparencia, igualdad y libre competencia, sin evadir realizar concursos públicos y sus respectivos controles, así como que se trate de la mejor alternativa en precio y condiciones.

En la Contraloría concluyen que, existe la posibilidad que la Administración Pública recurra a este tipo de contratación tanto entre sujetos de derecho público como de sujetos privados, para el cumplimiento de sus fines, se puede hacer siempre y cuando se realice dentro de los mecanismos legales existentes, respetando los procedimientos legales y constitucionales de contratación pública.